Abaratamiento lesivo del Coneval
El nuevo cese, otra muesca en la cuenta de servidores públicos echados a la calle.
El despido del secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), Gonzalo Hernández Licona, fue decidido hace dos meses, reveló ayer Andrés Manuel López Obrador, lo que encaja en el hecho de que las instituciones independientes del Estado no son precisamente del agrado presidencial.
Así pues, el artículo que todavía en el cargo publicó hace pocos días (Animal Político del 18 de julio) acerca de los devastadores efectos de recortes presupuestales al Coneval no fue el motivo, pero tal vez la nota que derramó el vaso para correr a quien durante casi 14 años realizó un trabajo irreprochable en el organismo del que fue cofundador.
Tampoco puede ser causa el informe que está por conocerse, ya que corresponderá al último año de gestión peñanietista.
La pobreza franciscana en que se viene despeñando la “austeridad republicana” tiene sentido en muchas instancias y acciones de gobierno, pero no en áreas tan sensibles como la política social y su evaluación en un México atestado de pobres.
Hernández Licona es licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y tiene una maestría en tal materia por la Universidad de Essex y un doctorado por la de Oxford. En 2015 obtuvo el premio GPSA Award for leadership in Social Accountability en Washington por sus contribuciones y las del Coneval a la medición transparente de la pobreza y la evaluación de programas sociales, concedido por la Alianza Global para la Auditoría Social que patrocina el Banco Mundial, y ha obtenido muchos otros reconocimientos. Lo suyo lo suyo son los temas de microeconomía, economía laboral, medidas de desigualdad y pobreza, desarrollo económico y evaluación de programas sociales. Como director de Evaluación y Monitoreo de la Secretaría de Desarrollo Social (20022005), fue pionero en el diseño de un sistema de evaluación y monitoreo al interior del gobierno federal.
Lejos de ser sano, el desdén oficial por las entidades autónomas revela una patética inseguridad en la fortaleza del gobierno que, por popular que sea, le disgusta ser evaluado en su abanico de acciones. Así lo constatan sus recurrentes descalificaciones a sentencias del Poder Judicial, a recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a la independencia de la Comisión Reguladora de Energía, los pronósticos del Banco de México, algunos criterios del Instituto Nacional Electoral y la Comisión Federal de Competencia; a las calificadoras internacionales o, como ayer también se vio, al Fondo Monetario Internacional (a pesar de que hace menos de dos meses el Presidente celebró su reunión de una hora con la entonces presidenta del mismo, Christine Lagarde).
No querer saber lo que de uno ven los otros puede, sí, acarrear ahorros. Es tan barato como lo que puede costar un republicano espejo…
Las instituciones independientes del Estado no son precisamente del agrado presidencial