El país del Charro Matías
Los órganos autónomos estorban, tiene razón el Presidente. Y hay muchos. Pero es que se crearon para eso, para estorbar, para poner límites en particular al Poder Ejecutivo. Es decir, en estricto sentido, para despolitizar muchos asuntos. Obedecen al propósito básico de crear Estado: un sistema institucional con un mandato técnico, sin inclinación partidista, para dar continuidad, transparencia, certidumbre.
Discutir si había despilfarro es una manera como cualquier otra de perder el tiempo, y dejar de lado lo que importa. Si fuese en serio, antes de sacar la escoba y barrer con todo habría que evaluar su trabajo en sus propios términos, a partir de los criterios con que se crearon, y saber si han funcionado bien, y por qué. Y después habría que discutir si hacen falta, si es necesario, conveniente, si es razonable que continúen operando, y cómo.
También habría que tomar en cuenta que no caben todos en el mismo cajón: hay al menos dos grandes conjuntos, que obedecen a lógicas distintas. Algunos de ellos se crearon para despolitizar mercados, para poner fuera de la política las decisiones básicas sobre economía: para eso el Banco de México, por ejemplo, las comisiones de energía,
telecomunicaciones, competencia. Corresponden a lo que con propiedad se puede llamar el programa neoliberal, que sobre todo procura proteger el funcionamiento de los mercados, y poner las libertades económicas fuera del alcance de la política. Eliminarlos significa someter de nuevo esas decisiones a criterios políticos, y que la economía no esté a cargo de economistas, como ha dicho el Presidente —o sea, significa politizar la economía.
Otros de los órganos autónomos se crearon para hacerse cargo de tareas que en principio corresponderían al aparato administrativo del Estado, pero en las que éste no inspiraba confianza. Esto es, se crearon para vigilar a la administración o neutralizarla, para vigilar el respeto a los Derechos Humanos, para evaluar la política educativa, el gasto social, para garantizar el acceso a la información o para organizar las elecciones. Se crearon en los últimos años del siglo, básicamente por exigencias de la oposición, y muy especialmente de la oposición de izquierdas. Ofrecen, con todos sus defectos, algo así como el esqueleto de un Estado posible, uno que podría parecerse a la idea del Estado. Idealmente, en algún momento sus funciones tendrían que ser integradas al aparato administrativo. Eliminarlos sin contar con una estructura burocrática capaz de proporcionar continuidad, transparencia, certidumbre, significaría introducir nuevas dosis de desconfianza en el sistema político. Para entendernos, significaría regresar al país de Abel Quezada, el del Charro Matías.
Por cierto, no digo que sea malo ni lo uno ni lo otro, no necesariamente mucho peor que esto. Pero no hay que llamarse a engaño. En cualquier caso, la supresión de los órganos autónomos sobre todo generaría incertidumbre —de la que no se elimina con una declaración. Y desde luego hay motivos para pensar que se trata precisamente de eso, y que todo regrese al cálido ambiente de la política.