Milenio Hidalgo

FGR: Robles no alertó de anomalías por 5 mil mdp

La defensa de la ex secretaria pide más tiempo para recabar pruebas; el lunes decidirán si la vinculan a proceso

- JOSÉ ANTONIO BELMONT Ex servidor público en Sedatu y Sedesol Ex servidor público de Sedatu y Sedesol Administra­dora y comunicólo­ga Ex servidor público en Sedatu

La ex funcionari­a arriba a la audiencia en el Reclusorio Sur. Desde hace cinco años, los “actos irregulare­s con apariencia de delitos” de Rosario Robles Berlanga y su equipo comenzaron a ser cuestionad­os.

En junio de 2014, la entonces titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y su primer círculo se reunieron con quien era auditor superior de la Federación, Juan Manuel Portal.

Durante el encuentro, el titular de la ASF enfatizó que las auditorías a la dependenci­a “estaban plagadas de irregulari­dades”.

Portal cuestionó en particular que su equipo, y señaladame­nte su oficial mayor, Emilio Zebadúa, “abusaban” del artículo 1 de ley de adquisicio­nes, al entregar recursos a universida­des públicas “sin experienci­a y sin perfil” para prestar los servicios requeridos.

—No es ilegal —aseguró Robles a Portal.

—No, pero hay una gran inconsiste­ncia y una mala forma de operar —reviró el auditor.

Entonces Robles termiridos El economista trabajó cinco años con Rosario Robles, primero al frente de la Dirección general de Geoestadís­tica y Padrones de Beneficiar­ios de la Sedesol (2013-2015) y después en la Sedatu, donde se desempeñó como titular de la Unidad de Políticas, Planeación y Enlace Institucio­nal (2015 - 2018).

En su paso por Sedesol firmó dos convenios que terminaron en denuncias penales por resultados irregulare­s que detectó la Auditoría Superior de la Federación. Fue director general adjunto en la Unidad de Coordinaci­ón de Delegacion­es de la Sedesol y rector general de coordinaci­ón de delegacion­es en Sedatu. En la extinta dependenci­a de Desarrollo Social firmó el convenio UCD.33901.014/2015 con la Universida­d de Zacatecas en junio de 2015, que forma parte de una denuncia penal de 2017. En la Sedatu firmó cuatro convenios con la Universida­d Politécnic­a de Chiapas y uno con la Politécnic­a de Quintana Roo, que suman 313 millones de pesos. En 2011 fue nombrada encargada de área de la Dirección General de Geoestadís­tica y Padrones de Beneficiar­ios de la Sedesol antes de la llegada de Robles. Ahí permaneció hasta noviembre de 2015. Después estuvo en Sedatu, donde en noviembre de ese mismo año tomó el cargo como responsabl­e de la Unidad de Políticas, Planeación y Enlace Institucio­nal. Identificó unos cuatro edificios, de las colonias Polanco y Anzures, en los que al parecer falsificab­an documentos. Ocupó el cargo de director general adjunto de operación y en Sedatu fue director general de Ordenamien­to Territoria­l. Un juez federal lo vinculó a proceso por su probable responsabi­lidad en el delito de uso indebido de atribucion­es y facultades. Está acusado del presunto desvío de 185 millones de pesos. Saldaña declaró durante la investigac­ión hecha por la Auditoría Superior de la Federación, que la firma que aparecía en el convenio no era suya, por lo que también presentó una denuncia penal.

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