Nivel de confianza del MP mejoró 21 puntos
En 2019 el nivel de confianza de la población de 18 años y más en el Ministerio Público se ubicó en 54.8%; tuvo 21 puntos porcentuales más que en 2011
De acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la función de seguridad pública tiene como objetivos “salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social”. En esta tarea del estado, la procuración de justicia se inscribe como un elemento fundamental para la edificación de una gobernabilidad democrática que garantice el respeto de los derechos humanos y salvaguarde los principios del estado de derecho, a partir de un acceso pleno y equitativo a la justicia.
En este sentido, los Ministerios Públicos, como defensores de los intereses de la sociedad, son pieza fundamental para garantizar que los ciudadanos, empresas e instituciones, que se vean involucrados en hechos constitutivos de un delito, ya sea como víctima o responsable, puedan tener un adecuado acceso a la justicia.
Al Ministerio Público le corresponden las tareas de investigar, coordinar a las policías ministeriales, resolver sobre el ejercicio de la acción penal y ordenar las diligencias para demostrar la existencia de un delito y la responsabilidad de quien lo cometió.
Con el fin de reconocer la labor y compromiso de estos servidores públicos en el fortalecimiento del estado de derecho, la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia estableció el 22 de octubre como el Día Nacional del Ministerio Público.
A través de algunos indicadores de los programas estadísticos que genera el Inegi, se pone a disposición de los usuarios información acerca de la estructura, los recursos y el trabajo que desempeñan los Ministerios Públicos.
Panorama
En 2017, el Estado mexicano contó con 195 agencias y 2 940 agentes y fiscales para atender los delitos del fuero federal, y con 3 462 agencias y 10 315 agentes y fiscales para atender los delitos del fuero común.
Lo anterior representa una tasa de 8.4 agentes y fiscales del fuero común y 2.4 agentes del fuero federal por cada 100 mil habitantes a nivel nacional.
Para el fuero común, las entidades con mayores tasas en 2017 fueron Chihuahua, Ciudad de México y Quintana Roo con más de 15 agentes por cada cien mil habitantes mientras que en los estados de México, Puebla, Jalisco, Nuevo León y Sonora, la tasa fue menor a 5 por cada 100 mil habitantes.
A nivel nacional, al cierre de 2017 había 14.6% más agentes y fiscales del fuero común que en 2013 (al pasar de 9 003 a 10 315), lo que significó un aumento en la tasa por cada 100 mil habitantes de 7.6 a 8.4 agentes y fiscales en el país.
Es importante mencionar que no en todas las entidades se presentó este incremento, solo ocurrió en 20 de las 32 entidades. Los estados que tuvieron el mayor aumento fueron Michoacán, Chihuahua, Colima y Tabasco, mientras que Durango y Guerrero registraron la mayor reducción
En 2017 se observó una distribución equitativa por sexo entre los agentes y fiscales del fuero común y federal; a nivel nacional 51.2% fueron hombres y 48.8% mujeres.
Por entidad federativa, destacan Querétaro y Zacatecas donde alrededor de siete de cada 10 agentes eran mujeres, mientras que en Nuevo León y Sonora la composición era mayoritariamente masculina.
Con relación a la edad, alrededor de 50% de agentes y fiscales del país tenían menos de 40 años. Esta composición fue similar entre fiscales del fuero común y federal. No obstante, se encontraron algunas diferencias entre entidades federativas: Colima, Guerrero y Coahuila fueron los estados con la mayor proporción de agentes y fiscales menores de 40 años, en tanto que la Ciudad de México, Puebla y San Luis Potosí tuvieron la mayor proporción de agentes y fiscales de 40 años o más.
Con relación al nivel de escolaridad, la mayoría de los agentes y fiscales del ámbito federal y estatal contaban con estudios de licenciatura. En Nayarit o Nuevo León, alrededor de 50% de estos profesionales tenían estudios de posgrado.
Al indagar en las percepciones salariales se encontraron diferencias importantes entre niveles de gobierno y entidades federativas. En el caso de la procuración de justicia federal, 97.2% de los fiscales percibía más de 30 mil pesos mensuales, mientras que en las fiscalías o procuradurías estatales 15.4% de los agentes y fiscales tenían ingresos en este rango de salario.
Existen diferencias importantes entre entidades en el nivel de salario que se paga; por ejemplo, la mayoría de agentes y fiscales de Nuevo León, Querétaro y Aguascalientes percibían ingresos similares a lo que se paga a nivel federal, mientras que en 12 entidades más de 90% de sus agentes tenían ingresos menores a 20 mil pesos mensuales.
Además de los agentes y fiscales, los Ministerios Públicos cuentan con el apoyo de otros actores que son clave durante la etapa de investigación, como lo son la policía ministerial o de investigación, los peritos y los analistas. De la actuación de cada uno de estos operadores depende la eficiencia y eficacia con la que se lleva el proceso de procuración de justicia.
A nivel nacional, uno de cada cuatro servidores públicos adscritos a las agencias del Ministerio Público era agente o fiscal.
En cuanto a las policías ministeriales, quienes auxilian al Ministerio Público en la investigación de los delitos, se contabilizaron en el país 13 928 policías de investigación en 2017, de los cuales 14% estaba adscrito al ámbito de procuración de justicia federal.