Perfilan superfiscalía con dientes de SSPC y UIF
Propone retención inmediata y hasta por 48 horas sin orden judicial; arraigo de 40 días para todos los delitos
El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, propondrá al Congreso ampliar sus facultades de investigación, quitándole atribuciones a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y a la Unidad de Inteligencia Financiera.
La intención es crear una superfiscalía autónoma, que incluso pueda comandar investigaciones de la Guardia Nacional, realizar operativos encubiertos y funciones de inteligencia, de acuerdo con iniciativas obtenidas por MILENIO.
Esta tarde, Gertz les dará a conocer a los titulares de dichas dependencias su paquete de 11 iniciativas para la reforma del sistema de procuración y administración de justicia.
Entre otros puntos que le fortalecen, la iniciativa contempla dotar a la FGR atribuciones que, hasta ahora, han pertenecido a la Unidad de Inteligencia Financiera, mediante la creación de la unidad especializada en análisis financiero, como órgano especializado en operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Lainiciativaconproyectodedecreto por el que se expide la Ley de laFGRestablecetambiénentresus facultades y obligaciones que “tra20 propone que “los elementos probatorios o las pruebas consideradas ilícitas por el medio en cómo fueron obtenidas, podrán en su caso ser tomadas en consideración y valoradas por el juzgador de una causa cuando exista respecto a éstas una atenuación en su vínculo de ilicitud, provenga de una fuente independiente o su descubrimiento hubiere sido inevitable”.
Si bien será hasta la próxima semana cuando se presente el paquete completo de reforma al Poder Judicial, el Ejecutivo también entregará hoy al Senado su propuesta para combatir la corrupción en ese poder, al acotar las facultades del Consejo de la Judicatura para investigar esos casos, con la creación de la figura de jueces y magistrados penales y anticorrupción que serán designados y vigilados por esta cámara, con administración de la Suprema Corte.
En las reformas a 14 artículos de la Constitución, se eliminan el auto de vinculación a proceso y los jueces de control y se le quita a los jueces la facultad de traslado de los reos que ahora quedará en manos de las autoridades penitenciarias.
Aunque en administraciones anteriores el llamado nuevo sistema de justicia penal privilegió la publicidad de los juicios, la iniciativa del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador propone que “por excepción” se restrinja el acceso a la información por razones de seguridad nacional, seguridad pública, protección de las víctimas, testigos y menores, cuando se ponga en riesgo la revelación de datos legalmente protegidos, o cuando el tribunal estime que existen razones fundadas para justificarlo.