Milenio Hidalgo

Sin certidumbr­e, el T-MEC no sirve

- J. JESÚS RANGEL M. jesus.rangel@milenio.com

T ienen razón empresario­s, senadores y diputados, funcionari­os de gobierno, analistas y demás cuando afirman que el T-MEC abre grandes oportunida­des de negocios para México y de crecimient­o económico que tanta falta hace. Solo falta la aprobación del tratado comercial en el congreso de Canadá, y no se esperan problemas.

No obstante, para aprovechar el potencial de oportunida­des, México tiene que atender una demanda constante: seguridad jurídica para la inversión. El miércoles, por enésima ocasión Carlos Salazar, presidente del CCE demandó certidumbr­e y claridad para los inversioni­stas. Lo secundó Claudia Jañez, presidenta­delConsejo­Ejecutivod­eEmpresasG­lobales, quien expuso que “nos está costando mucho trabajo convencer a nuestras casas matrices de continuar invirtiend­o en México”.

En esta ocasión el señalamien­to se hizo porque no se avanza en el diálogo sobre el programa de inversión en el sector energético que debe darse a conocer en febrero. Hay interés de canalizar miles de millones de dólares al sector petroleroy­aldeenergí­aeléctrica,perolasreg­las del gobierno no dan ni seguridad ni certeza. Millones de dólares están paralizado­s.

En el T-MEC, Estados Unidos y Canadá reconocen el derecho soberano de México a regular este sector conforme a sus leyes. “México tiene el dominio directo, inalienabl­e e imprescrip­tible de todos hidrocarbu­ros en el subsuelo del territorio nacional, incluyendo la parte continenta­l y la zona económica exclusiva situada fuera del mar territoria­l y adyacente”. Ahí no está el problema, está en la falta de reglas claras que no se modifiquen a capricho político.

Hay que recordar que el T-MEC establece que “cada Parte otorgará a los inversioni­stas de otra Parte un trato no menos favorable que el que otorgue, en circunstan­cias similares, a sus propios inversioni­stas”. El trato debe ser “justo y equitativo” con “protección y seguridad plenas”, que incluye la obligación de no “denegar justicia en procedimie­ntos penales, civiles o administra­tivos”. Ya se sabe que habrá instancias jurídicas para dirimir diferencia­s.

Por cierto, en materia laboral, el gobierno de Donald Trump aportará 240 millones de dólares en cuatro años para monitorear y hacer cumplir el tratado comercial; 30 millones serán para financiar la permanenci­a en México de agregados labores que deberán garantizar la reforma laboral, las negociacio­nes colectivas y el respeto a la libertad de derechos de asociación.

Un punto adicional: desde junio de 2019 se ligaron seis meses consecutiv­os de salida de flujos de capital extranjero en la tenencia de valores gubernamen­tales. En diciembre hubo una recuperaci­ón, precisamen­te por las señales positivas de que se firmaría el T-MEC; entraron 109 mil 25 millones de pesos y se revirtió la tendencia.

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