La embestida fiscal contra las empresas
Qué bueno que el gobierno de López Obrador esté decidido a atacar la evasión fiscal, pero me preocupan dos cosas: quesea limitado su esfuerzo a solo los grandes contribuyentes y que el criterioque aplique para castigar a los su puestos infractores sea subjetivo e inconsistente.
Hace sentido el creciente escrutinio tributario del gobierno. Necesita dinero para cubrir los huecos presupuestales y financiar los grandes proyectos sexenales. Con una economía estancada y una política de no endeudamiento, son pocas las fuentes disponibles de recursos públicos. A Hacienda no le queda de otra que apretar las tuercas fiscales. La buena noticia es que tiene por donde. México recauda menos de la mitad que el promedio de los países que conforman la OCDE. Y no es porque los impuestos son menores. La tasa impositiva que pagan las empresas, por ejemplo, es una de las más altas del grupo. El problema de fondo es la evasión.
Mi primera preocupación es la manera selectiva en la que está actuando la autoridad. Está bien que se revise con lupa a grandes contribuyentes. La pregunta es por qué se están concentrando solo en ellos; por qué siempre recargarse en los cautivos. ¿Qué hay de los informales? De la población económicamente activa, casi seis de cada 10 no pagan impuestos. ¿Dónde está el plan para atacar este frente? El beneficio potencial sería enorme.
Mi segunda preocupación es la posible subjetividad e inconsistencia de las auditorías. Por supuesto, empresas de todos los tamaños incurren en diversas prácticas ilícitas. Algunas compran facturas, otras utilizan outsourcing ilegal. El gobierno hace bien en buscar que los contribuyentes paguen lo que deben. El peligro es que, en su afán de levantar recursos a como dé lugar, se cometan abusos contra los cautivos.
Recientemente se aprobaron leyes que favorecen a Hacienda en controversias con los contribuyentes y que endurecen los castigos fiscales. Incluso se contemplan casos en los que el gobierno puede actuar penalmente contra de un acusado y en los que se pueden cancelar sellos por irregularidades sin contar con el visto bueno de un juez. Tienen que existir reglas fiscales claras y aplicarse de manera constante y uniforme. Los criterios que usa la autoridad son en ocasiones pocos consistentes. Dependen de la visión personal del auditor.
Complicando la situación, la falta de conocimiento y experiencia de algunos integrantes del SAT. La reducción de sueldo a los funcionarios públicos que impuso el Presidente, así como la restricción de trabajar en la iniciativa privada en temas relacionados por 10 años después de dejar el sector público ahuyentó a mucha gente preparada.
Los contribuyentes están nerviosos de que el mayor activismo fiscal se vuelva persecutorio e imparcial, lo que puede mermar más la confianza y afectar las inversiones. Existe el riesgo de que elSAT, en su lucha por frenar abusos de contribuyentes, sea quien los cometa.