Cazador cazado
Es posible que David Colmenares, titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) no haya medido las consecuencias del error en la estimación del costo de la cancelación del aeropuerto de Texcoco. Su renuncia en nada resolvería el enorme daño que recibe la institución más relevante en el escrutinio del gasto público federal. Es inaceptable que una entidad fundamental de la Cámara de Diputados, autónoma, con todos los elementos técnicos y recursos humanos haya cometido una pifia de tal tamaño, particularmente porque era previsible la respuesta hostil del Presidente.
Colmenares es un funcionario reconocido, respetado y respetable, además, con amplia experiencia en el sector hacendario. El reporte de la auditoría dado a conocer atiende aspectos fundamentales y, por lo mismo, era necesario que fuera un estudio impecable, verificado y a prueba de ácido. No fue así, al menos en un tema fundamental y eso hace que pierda valor del todo. Ese descuido es inexplicable.
El presidente López Obrador está en su derecho de defender a su gobierno y de disputar a quien le audite, sea institucional —ASF, Inegi,
INE— o provenga de la sociedad civil. El informe de la ASF es una llamada severa de atención al gobierno. Por eso es muy lamentable el incidente, porque resta fuerza y credibilidad a observaciones que demuestran que no hay un debido ejercicio del gasto público y en especial en los programas y obras emblemáticas del Presidente. En otras palabras, las cosas no han cambiado de manera significativa en cuanto al ejercicio presupuestal, que los de ahora y los de ayer son iguales, aunque eso caliente y sí que calienta al ser cierto.
La entidad y este informe deben ser evaluados. No en el sentido político al que alude el Presidente, sino con estricto criterio técnico contable. En el pasado la institución ha cometido errores y ha afectado a particulares, hechos que no han trascendido porque se han resuelto en el discreto trabajo administrativo o judicial. La situación ahora es distinta y al margen de la estridencia o de la presión política, deberá auditarse al auditor.
Lo acontecido es muy lamentable porque lo que más requiere el actual gobierno son los contrapesos. Sin duda, el control horizontal de la administración a cargo de la Cámara de Diputados es un muy preciado recurso para mejorar la calidad del gobierno, aunque sus reportes sean opinables y sí, recurrentemente incómodos para los auditados. El daño es mayor no sólo a la institución, sino al modelo de gobernabilidad democrática y control de la administración pública federal.
Lo acontecido es un retroceso para el buen gobierno, aunque eso beneficie al Presidente. Es posible que el auditor haya pensado que con el reconocimiento del error las cosas bajarían de intensidad respecto al gobierno. Ocurrió lo contrario, ahora el Presidente va a la caza del cazador. Como es común en él, es un empeño sin concesión, lucha por la dignidad dice él, hasta lo último, incluso, más allá de la rendición de quien él ve como enemigo, que para efectos prácticos sucedió al momento del error y su público reconocimiento.