“Perspectiva de género e impartición de justicia”
La semana pasada las Cámaras del Congreso de la Unión emitieron la declaratoria de reforma constitucional al Poder Judicial de la Federación —la más trascendente desde la de 1994— con la que se busca fortalecer el vínculo de confianza entre la sociedad y sus juzgadores federales. Entre las modificaciones que introduce, el hoy Instituto de la Judicatura Federal se transformará en Escuela Federal de Formación Judicial, encargada de consolidar un nuevo perfil de juzgador federal, con sensibilidad y pensamiento crítico, capaz de emplear herramientas argumentativas sofisticadas, para dar soluciones sencillas, claras y justas a los casos que se le presentan.
La implementación de esta visión ya está en marcha. Hemos rediseñado el modelo pedagógico de formación jurisdiccional para dejar atrás la enseñanza formalista y rigorista de contenidos memorísticos y poner el acento en el desarrollo de habilidades y competencias, tales como el uso de técnicas de interpretación y argumentación jurídica, valoración de la prueba, manejo del precedente judicial, investigación jurídica, metodologías de adjudicación de derechos, entre otras.
Así, se ha emprendido un ambicioso plan para renovar los cursos básicos de preparación, dirigidos a jóvenes juristas que inician la carrera judicial, a partir de un modelo de tutorías, en el que enfrentarán el reto de elaborar proyectos de sentencia bajo la supervisión de personas con amplia experiencia jurisdiccional, que les guiarán en el proceso de análisis, investigación y argumentación que ello requiere.
La perspectiva de género en las relaciones laborales y en la impartición de justicia es un principio trasversal de esta nueva formación: se necesitan jueces y juezas que contribuyan a desmontar las estructuras que han tenido tanto tiempo sometidas y discriminadas a las mujeres, pero también se debe trabajar para que la paridad de género sea una realidad en la carrera judicial.
La nueva formación judicial comprende, de igual manera, el desarrollo de competencias gerenciales para mejorar la gestión de los procesos, los recursos y las cargas de trabajo en tribunales y juzgados, y con ello potenciar la eficiencia de la administración de justicia en beneficio de las personas usuarias.
La reforma constitucional permitirá profundizar y consolidar la renovación emprendida. No se trata de un mero cambio de denominación. Se trata de afianzar el papel de la Escuela como el órgano responsable de brindar una formación académica de vanguardia, impulsar el desarrollo profesional del capital humano, y conducir con integridad los concursos de oposición para acceder a todos los cargos jurisdiccionales, en el marco de un auténtico servicio profesional de carrera judicial.
La reforma constitucional permitirá que el ingreso, formación y permanencia de las personas juzgadoras, así como de todo el personal jurisdiccional, se sujete a una legislación uniforme, que defina de manera clara y coherente las reglas para garantizar la meritocracia, la profesionalización y la igualdad de oportunidades en la carrera judicial. Lo anterior, teniendo como principio rector la paridad de género, que permite corregir las desigualdades que las mujeres han enfrentado históricamente.
La reforma judicial sienta las bases para hacer realidad la promesa de una justicia federal renovada, integrada por las personas más competentes; hombres y mujeres no solo altamente especializados, sino plenamente comprometidos con la defensa de los derechos de todas las personas. Para instrumentar esta visión, será necesaria la aprobación de la legislación secundaria, así como un importante proceso de transición acompañado por esfuerzos institucionales continuos. No obstante, con la reforma constitucional las bases están sentadas, y en el Poder Judicial Federal tenemos la confianza, la determinación y el compromiso para lograrlo. Mejores jueces, para una mejor justicia: esa es la apuesta.