Outsourcing, el acuerdo
Ayer, en Palacio Nacional, representantes empresariales y de personal sindicalizado, e integrantes del Poder Ejecutivo federal y del Legislativo nos reunimos con el presidente AMLO para suscribir, al fin, un acuerdo histórico sobre la subcontratación, conocida como outsourcing o tercerización de servicios para mejorar la rentabilidad de una empresa.
Este acuerdo es producto de más de 80 reuniones de trabajo trilaterales, en una mesa de negociación en la que participaron representantes del sector empresarial, de las organizaciones laborales y del gobierno federal, para encontrar el punto de convergencia entre posturas que iniciaron sumamente polarizadas.
Entre los puntos más importantes de este acuerdo destacan los siguientes: no se elimina la figura jurídica de la subcontratación, sino que se regula y se establecen mecanismos para evitar que se siga utilizando con fines lesivos al derecho de las y los trabajadores o con el objeto de interrumpir sus propias conquistas, así como para impedir que se siga eludiendo o evadiendo la obligación fiscal.
También se establece una lucha que es muy importante: el tope de hasta 90 días de reparto de utilidades para las y los trabajadores. Se reivindica su derecho a contar con seguridad y permanencia, para garantizar que sus derechos no sean conculcados ni cortados o que, incluso, mañosamente se les despida en diciembre y se les recontrate en enero.
Todo lo nocivo habrá de ser suprimido. Incluso, al aceptar la subcontratación se hace a la persona física o moral obligatoria solidaria para el caso del incumplimiento de esta subcontratadora.
La medida beneficiará a casi tres millones de trabajadoras y trabajadores que se encuentran actualmente laborando bajo un tipo de outsourcing que es totalmente lesivo para sus derechos laborales, su seguridad social, su retiro y sus ingresos económicos.
Hay otro tipo de outsourcing que sí cumple con los requisitos
Hay orden de aprehensión contra Billy. básicos de seguridad social y prestaciones laborales, y con este sector empresarial no hay problema. Sin embargo, el nuevo acuerdo pondrá atención especial para evitar que la subcontratación ilegal contamine al resto de las empresas que están en orden.
Con este acuerdo se corrige una desviación estructural que venía arrastrando la reforma laboral aprobada en 2012, durante la transición del gobierno de Calderón al de Peña Nieto. Aquella reforma, lamentablemente precarizó el trabajo de millones de personas trabajadoras y obreras de México, porque abrió la puerta a los abusos en el horario, en el ingreso, en los derechos laborales, en las prestaciones sociales y en el fondo de pensiones, todo lo cual se busca corregir.
Es un buen acuerdo el que ayer se suscribió y que el presidente de la República saludó. El empresariado actuó de manera correcta, y el mensaje que se da a la nación es de reencuentro, de reconciliación, de que todas y todos estamos juntos, en beneficio de la clase trabajadora. No había ocurrido así en más de 30 años de neoliberalismo.
Siempre la trabajadora y el trabajador pagaban los platos rotos, siempre tenían menos poder adquisitivo, siempre sufrían la subcontratación y la pérdida de sus derechos. A partir de ahora se contará otra historia.
El mensaje es de reencuentro y de reconciliación en beneficio de la clase trabajadora
llermo Héctor Álvarez Cuevas y Víctor Manuel Garcés Rojo”, expresó el abogado.
MILENIOtuvoaccesoalescrito entregado a la Unidad EspecializadaenInvestigacióndeOperaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda, de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido), donde el litigante indicó que Garcés Rojo y José Alfredo, a través de Borrell Rodríguez, se encargaban deobtenerlafirmadeloscontratos.
“…posteriormente, eran ellos quienes de manera insistente requerían el pago de las facturas relativas los contratos en mención y, cuando se encontraban con algún tipodeinconformidaduoposición, buscaban por medio de amenazas e intimidaciones que se realizarán las transferencias correspondientes, llegando al extremo de ordenar la espera de pago de otras facturas para poder conseguir el pago de inmediato de las que corresponden a las empresas fachada como se ha comentado,situaciónqueautorizaba Guillermo Héctor Álvarez Cuevas”,agregó.
Cuantiosos beneficios
ElabogadodijoalMinisterioPúblico federal tener conocimiento que durante años existió un contubernio entre Garcés Rojo, José Besil Bardawill, Roberto Guízar y Jesús Rafael González Callado, ya que mediante diversos movimientos obtuvieron cuantiosos beneficios a través de la solicitud de créditos bancarios en favor de la cooperativaysusempresasfiliales.
“…haciendo que las instituciones bancarias otorguen comisiones que en realidad deberían ser ilegales,asimismo,cobrabancomisiones desproporcionadas a la propiacooperativaporlaobtenciónde estos mismos créditos, los que sé que les eran entregados en efectivo o mediante depósitos a cuentas en elextranjero,controladasporestas personas, en un claro esquema de lavado de dinero”, detalla la informaciónenpoderdelaFGR.
Junquera Sepúlveda manifestó que Billy Álvarez, su hermano y GarcésRojorecibían,delasempresas fachada, grandes cantidades de dinero en efectivo, “es un claro esquemadelavadodedineroquerealizaron varios años, me consta porqueenvariasocasionespresenciéla entrega”. Hasta anoche, la FGR no había solicitado a un juez federal la aprehensión de José Alfredo ÁlvarezCuevas._