Consulta popular
La consulta popular es un mecanismo de participación ciudadana en torno a temas de trascendencia y vincula a la ciudadanía en el debate nacional y las decisiones de la política pública.
La Constitución señala la validez de las consultas populares y las sujeta a ser convocadas por el Congreso a petición del presidente o a solicitud del 33 por ciento de los integrantes de cualquiera de las cámaras y aprobadas por la mayoría.
También podrán pedirlas el 2 por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores y para que sea aprobada deberá tener el voto de 40% del padrón electoral.
Ante esto, la Suprema Corte debería resolver su constitucionalidad y posteriormente el Instituto Nacional Electoral toma la organización.
El próximo primero de agosto se celebrará por primera vez una consulta popular para saber si se juzgará a ex funcionarios, entre ellos, los ex presidentes de la República.
Los expertos garantizan que no hay un mexicano que no desee juzgar a los corruptos, lo que hace inútil esta consulta, por ello ese tema no es referente a la percepción ciudadana, sino que es un acto político electoral para desviar la atención de las crisis económica y de salud y la falla en la estrategia política de la administración del gobierno federal.
Además, la consulta pone en riesgo la credibilidad de la Corte sobre su capacidad de juzgar a los delincuentes sin consulta popular.
En realidad va a servir para medir el capital político de Morena y la aprobación de la estrategia de gobierno del presidente.
Se augura su fracaso porque no acudirá el 40 por ciento de los votantes que se requieren para su validez.