Cinismo constitucional
La fiscalía estatal revela que son integrantes de los cárteles de Jalisco y de Santa Rosa de Lima
“Entendamos por cometer injusticia el hacer daño voluntario contra la ley” Aristóteles,
El presidente López Obrador protestó, según reza el artículo 128 constitucional, “guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen”. No es un mero formalismo. Es un acto solemne que tiene un profundo significado. Implica el compromiso del jefe del Estado de conducirse conforme a derecho. Es el reconocimiento público que ejercerá un poder limitado por las normas constitucionales. Es
Guanajuato no lo ha pensado dos veces: quienes provocan incendios o detonan autos o establecimientos con explosivos, usando el fuego para atemorizar a la población, deben ser juzgados como terroristas. Y bajo este criterio de “mano dura” contra quien afecte la paz social, desde hace ya una década que se aplicó por primera vez, ha detenido a 69 personas y 42 de éstas ya tienen una sentencia firme por actos de terrorismo.
Un reporte interno de la Fiscalía General de Guanajuato en poder de MILENIO detalla que, por perturbar la paz, generar terror en la población y buscar presionar o menoscabar la autoridad del estado, Guanajuato ha declarado como terroristas a 42 perhasta admitir que en la República prevalece el gobierno de las leyes, no el gobierno de los hombres.
La semana pasada, varias declaraciones del presidente López Obrador en torno a la Guardia Nacional indican que puede romperse esa delgada línea entre un gobierno legítimo y uno que, para alcanzar sus propósitos, rompe el orden constitucional y contraviene su protesta solemne.
Primero fue el anuncio de un decreto presidencial que ordenaría hacer lo que la Constitución prohíbe: adscribir la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional y convertirla en un cuerpo militar. Después matizó: enviaría una propuesta de reforma constitucional y, en caso de no ser aprobada (situación que sabe sucederá), presentaría una iniciativa de ley. Morena tiene los votos suficientes para aprobarla. Y si hubiera dudas de su constitucionalidad, dijo el presidente, pues entonces que se controvierta y que decida la Suprema Corte.
La ruta trazada raya en el cinismo constitucional. El presidente apuesta por los decretos presidenciales o las reformas legales para alcanzar sus convicciones, aunque impliquen violentar el orden constitucional. Y calcula que la intervención judicial llegará después, demasiado tarde. A nivel discursivo, quienes se opongan serán estigmatizados
La semana pasada 11 personas fueron detenidas.
sonas, principalmente integrantes o colaboradores del Cártel de Santa Rosa de Lima y del Cártel Jalisco Nueva Generación, con sentencias hasta por 15 años.
Las cifras van desde 2012 hasta el pasado lunes 15 de agosto, con las más recientes aprehensiones tras los incendios que provocaron
en oxxos sicarios de CJNG y que, a diferencia de otras entidades y del gobierno federal, los 11 detenidos la semana pasada en Guanajuato serán juzgados como terroristas.
Además, las cifras indican que de los 69 detenidos y acusados por terrorismo en la última década, como conservadores, opositores o hasta traidores a la patria. Y mientras, las ruedas que permitirán militarizar la seguridad pública seguirán funcionando.
Quizá lo más delicado es que este curso de acción se vuelve recurrente. Solo como ejemplo, mencionó el decreto por el que suspendió la aplicación de las leyes resultado de la reforma educativa. O la controvertida reforma energética, cuya constitucionalidad, por cierto, sigue en duda.
En esta columna hemos sostenido que la transformación propuesta por la 4T requería de reformas constitucionales de gran calado y para eso se necesitaba tener mayorías muy amplias. Sin embargo, también advertimos que el Presidente intentaría ganar en los hechos lo que no ha logrado por la vía del derecho. Imponer mejor que negociar. Me temo esa será en adelante la ruta.
Si no hay respeto a la Constitución, ¿qué podemos esperar de la conducción del gobierno en otros temas complejos, como la salud, la economía o la materia electoral? Nos queda defender cada derecho conquistado. Lo que está en juego es el Estado de derecho mismo. Y eso importa.
Quizá lo más delicado es que este curso de acción de AMLO se vuelva recurrente
ahora ninguno se ha librado de ser vinculado a proceso.
Se trata de delincuentes de distinto nivel: desde sicarios del crimen organizado o jóvenes de reciente ingreso a quienes les asignaban estas misiones, hasta pobladores que formaban parte de la base social de José Antonio Yépez Ortiz, El Marro, que por provocar incendios para frenar operativos de seguridad y proteger a su líder, terminaron tachados como terroristas.
Los 69 detenidos estuvieron involucrados en 14 investigaciones por casos concretos ocurridos en Guanajuato en la última década.
Hasta el pasado lunes se registraban 64 adultos vinculados a proceso, con excepción de los que recientemente fueron aprehendidos y cuyos casos siguen en curso; además de tres adolescentes. Y son 42 quienes ya tienen una sentencia condenatoria firme de hasta 15 años de prisión, es decir, legalmente son considerados terroristas.
Para las autoridades, acreditar este delito ha sido sencillo y casi en automático, pues el artículo 245 del Código Penal de Guanajuato indica que se fincará terrorismo “a quien realice actos contra las personas, las cosas o servicios al público, que produzcan alarma, temor o terror en la población, para perturbar la paz pública, menoscabar la autoridad del estado o presionarla para que tome una determinación”.
Autoridades de San Luis Río Colorado hallaron el cuerpo del periodista Juan Arjón López, propietario del portal A Qué le Temes, reportado como desaparecido hace una semana.
La policía municipal informó que el cadáver —en estado de descomposición— se halló a un costado de la carretera que va a la comunidad Luis B. Sánchez. En lo que va del año suman 14 periodistas ultimados.
La fiscal de Sonora, Claudia Indira Contreras, confirmó que el cuerpo fue reconocido a partir de su filiación y los tatuajes del comunicador.
Arjón López tenía 62 años y era originario de Durango.
Policías agresores
El alcalde de Celaya, Javier Mendoza, confirmó que fueron separados de sus cargos los tres policías que agredieron a los reporteros Avelina Guevara, de MILENIO, y Miguel García, de Informativo Ágora, el 12 de agosto.