Fue el Estado… ¿Pero, a ver, para qué?

Detrás de todo crimen hay siempre un propósito. Las condenas resultan, justamente, de los designios del perpetrador. El homicidio, para mayores señas, puede ser involuntario o, como apunta el lenguaje jurídico, doloso, o sea, intencional. Matar a alguien de manera premeditada no es lo mismo que causarle la muerte, digamos, en una pelea a golpes.

Podemos preguntarnos, entonces, cuál hubiera podido ser objetivo del Estado mexicano al asesinar a 43 jóvenes estudiantes. La masacre acontecida en 1968 fue una especie de advertencia a los insurrectos, por llamarlos de alguna manera, que intentaban plantarle cara a un régimen autoritario. Aquel sistema no toleraba la disidencia abierta ni concedía espacios a los opositores. Pero, caramba, el gobierno de Enrique Peña, así de corrupto como haya sido, ¿esperaba obtener alguna ventaja estratégica o cosechar réditos al cometer tamaña atrocidad? Más bien, lo que ocurrió fue exactamente lo contrario: descomunalmente torpes, los encargados de trasmitir la información oficial a los ciudadanos dejaron muchos cabos sueltos y propiciaron así que comenzaran a surgir toda clase de especulaciones, por no hablar de que el suceso fue muy fructíferamente rentabilizado, ahí sí, por los sectores de la izquierda radical, dedicados en permanencia a agitar el espantajo de la “represión” y a desconocer, por principio, los logros democráticos alcanzados en este país.

La acusación de que “fue el Estado” se alimenta de una visión no actualizada de la realidad nacional en la cual las cosas no sólo no han cambiado —ni mucho menos mejorado— sino que tendríamos aquí a un Ejército comparable, en su brutalidad, a la soldadesca de las viejas dictaduras suramericanas. Es el síndrome del 68, una postura que lleva, a estas alturas todavía, a la más terminante descalificación de todo aquello que tenga que ver con el orden establecido.

El desenlace, bajo el signo de la 4T, ha sido la detención del fiscal encargado de la investigación. No lo acusan, por lo pronto, de haber maquinado los asesinatos. Habría falseado las pruebas y obtenido confesiones a punta de torturas, según sus inculpadores. Esperemos, precisamente por ello, que todos y cada uno de los implicados en el suceso salgan libres. Digo, simple lógica, ¿no?

¿El gobierno de Peña esperaba obtener alguna ventaja?