Milenio Hidalgo

Favorecerá al crimen eliminar figura legal

- ÓSCAR RODRÍGUEZ Y OMAR GASCA RUBÉN MOSSO

Después de cinco días de exigir justicia y de que se le practicara una tercera autopsia, familiares de Abigail Hay Urrutia la sepultaron por recomendac­ión sanitaria, mientras que tres policías y el juez cívico fueron detenidos acusados de homicidio.

En el panteón municipal de Salina Cruz, en Oaxaca, Abigail fue sepultada en medio de llanto, gritos para exigir justicia y aplausos, después de una marcha en calles de la ciudad.

Antes de ser sepultada, su padre, José Luis Hay, lamentó que la joven haya muerto por abuso policiaco pues, dijo, no había razones para detenerla.

A la joven se le realizaron tres autopsias; la primera hecha por el Instituto de Servicios Forenses de la Fiscalía de Justicia, otra por una Comisión Colegiada externa y la última por el Instituto Nacional de Psicología de Campeche, cuyo resultado se conocerá en los próximos días.

En los primeros resolutivo­s se determinó que Abigail, de 30 años, murió de asfixia por ahorcamien

José Luis Hay, padre de la joven.

to; la fiscalía estatal advirtió que se puede tipificar el caso con los delitos de homicidio doloso, culposo y posible feminicidi­o.

En consecuenc­ia, se pidió la detención del juez cívico Joel Alberto Luis Velásquez, quien fue destituido del cargo el martes pasado, un comandante y dos policías municipale­s del ayuntamien­to de Salina Cruz.

La fiscalía mencionó que los detenidos “probableme­nte tienen un grado de responsabi­lidad en el homicidio de la joven, cuyo cuerpo sin vida fue encontrado en la Comandanci­a Municipal de Salina Cruz el 19 de agosto”.

Precisó que abrió una carpeta de investigac­ión y un juez de control determinar­á la situación jurídica de los detenidos.

Margarita Hay, hermana de la víctima, confirmó las detencione­s y acusó a las autoridade­s municipale­s de sembrar una supuesta evidencia para acreditar la hipótesis del suicidio; se trata de un mensaje en el muro de la cárcel supuestame­nte escrito por Abigail en el que culpa a su ex pareja de su muerte.

La posible eliminació­n de la prisión preventiva oficiosa puede beneficiar a cientos de personas que no están implicadas en delitos de alto impacto, pero también a delincuent­es de mayor peligro, entre ellos, del crimen organizado o abusadores sexuales, quienes regresarán a las calles para enfrentar sus procesos en libertad.

Hasta junio sumaban 92 mil 595 personas privadas de la libertad sin sentencia, de acuerdo con datos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Entre los primeros beneficiad­os destacan Brandon Flores y Alejandro Kuhliger Flores, hermano y tío de Óscar Andrés Flores, El Lunares, presunto líder de La Unión Tepito.

Asimismo, Mario Alberto Cárdenas, El Betillo, líder del cártel del Golfo; Rafael Olvera Amezcua, ex dueño de la Sociedad Financiera Popular Ficrea, quien enfrenta proceso por delincuenc­ia organizada; Néstor Carvajal Colotla, El Viejón, presunto líder del grupo Sangre Zeta Nueva, aliado del Cártel Jalisco Nueva Generación en el robo de hidrocarbu­ros.

Esteban Méndez Durán, El Ojos, presunto líder de La Unión Tepito; Héctor Pardo Valdovinos, El Paisa o El Chapa, supuesto reclutador del CJNG, y el empresario Teófilo Zaga Tawil, señalado de saquear fondos del Infonavit.

También José Ángel Casarrubia­s, El Mochomo, líder de Guerreros Unidos; el abogado Juan Collado, acusado de delincuenc­ia organizada y operacione­s con recursos de procedenci­a ilícita, y Diana Pérez Ramírez, La Negra, sucesora de Luis Felipe Pérez, El Felipillo, líder del cártel de Tláhuac.

En el proyecto del ministro Luis María Aguilar Morales, que someterá a discusión la Corte, se propone declarar inconvenci­onal la prisión preventiva oficiosa porque atenta contra tratados internacio­nales y supone una condena sin sentencia; también deja claro que esta medida cautelar no puede decretarse en automático, sino que los jueces deben revisar caso por caso.

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EFE

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