Resolución de problemas públicos
Profesora investigadora de Ciencias Políticas de la UAEH
En Hidalgo ya inició un nuevo periodo de gobierno, con una alternancia que genera expectativas y esperanzas, pero también con un contexto agravado por la pandemia que ha marcado aún más las desigualdades entre la población que ya sufría pobreza y discriminación. En 2020, mediciones del Coneval mostraron que en el estado aumentó la población en condiciones de pobreza y pobreza extrema.
Bajo estas circunstancias, el reto del nuevo gobierno es diseñar políticas públicas dirigidas a reducir esa pobreza, desigualdades y discriminación, pero también cuidar el medio ambiente y propiciar un entorno más sustentable y transitar así al tan anhelado ejercicio efectivo de los derechos.
Pero la solución a estos problemas enfrenta conductas arraigadas en los gobiernos como el desvío de recursos, la corrupción, el compadrazgo o decisiones improvisadas que poco abonan al bienestar de la población.
La realidad actual exige capacidad y profesionalismo entre quienes toman decisiones y las ponen en marcha, porque el conocimiento y la ciencia contribuyen a mejorar las decisiones para resolver problemas públicos y en consecuencia mejorar las condiciones de vida de la población.
Si bien es cierto que parte importante de las decisiones públicas tienen un contenido político, también el entendimiento y posterior solución de los problemas implica un proceso racional y sistemático porque tienen componentes, causas y consecuencias; su solución está dirigida a una población concreta, y el diseño de un programa implica una estrategia con instrumentos y actividades guiadas por objetivos y metas claras a lograr tras la intervención pública.
Si eso ya parece complejo, debemos considerar la transversalidad de género y de derechos humanos que las acciones públicas deben incorporar. No menos importante son los sistemas de monitoreo, avance y evaluación en el logro de los objetivos planteados.
Cuando no hay claridad en el problema que se quiere atender y resolver, ni un argumento sobre cómo se intervendrá para resolverlo y no hay un compromiso sobre el logro de los resultados, no podemos hablar de políticas públicas dirigidas a cambiar la realidad y mejorar las condiciones de vida de la población. La coordinación y comunicación entre las áreas de gobierno es imprescindible, ya que no por cumplir una meta u objetivo se esté perjudicando otro.
Es importante que los programas públicos, además de brindar apoyos económicos a diferentes sectores de la población, transiten hacia programas más integrales de bienestar que consideren también los riesgos a los que estos sectores de la población se enfrentarán a lo largo del curso de su vida, con una visión más de protección social.
Al respecto, el trabajo que desde la dirección general de Desarrollo de Personal y Profesionalización del anterior gobierno estatal se realizó en la Evaluación de Productividad y Desempeño aplicada a servidores públicos, abordó aspectos sobre su formación y capacidades.
De igual manera, las acciones de monitoreo y evaluación que contribuyen a sentar las bases para que los programas públicos comiencen a diseñarse con una lógica coherente tanto al interior del propio programa como con el resto de las acciones públicas.
Ambos trabajos buscan generar información confiable, relevante y útil y contribuir a la toma de decisiones basada en evidencia y mejorar así las políticas y programas públicos y la calidad de vida de la población, todos retos aún pendientes en nuestros gobiernos.
La realidad actual exige capacidad y profesionalismo entre quienes toman decisiones