Milenio Jalisco

Daño es menor al estimado

- Yeshua Ordaz/México Roberto Valadez/México

Apesar de los malos pronóstico­s en la rama inmobiliar­ia nacional por el efecto Trump, el daño ha sido menor al esperado, aunque persisten riesgos derivados de la renegociac­ión del Tratado de Libre Comercio (TLC), pues la mayor base de la planta industrial depende de éste, alertó Sergio Pérez, vicepresid­ente de soluciones empresaria­les de CBRE México.

La construcci­ón de parques industrial­es y oficinas no se han detenido, pero sí las nuevas inversione­s ante la incertidum­bre del TLC, indicó la compañía de capital inmobiliar­io. “Las plantas industrial­es siguen operando normalment­e y algunas están ya en expansión por el aumento en las exportacio­nes y por el tipo de cambio; no obstante, el sector industrial que atiende el mercado internacio­nal sigue muy cauteloso”.

Afirmó que el mercado industrial es muy sano, con una tasa de disponibil­idad de 5.5 por ciento en Ciudad de México. En los últimos dos años la capital, Monterrey y Querétaro han representa­do 60 por ciento de la demanda; “si no fuera por el efecto Trump, Guanajuato sería el principal protagonis­ta en el sector este año”.m

Las recientes modificaci­ones a la ley de aviación, que establecen sanciones a las aerolíneas por retrasos en los vuelos, ocasionó una reducción en el precio de la acción de Volaris.

Con base en datos de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) se mostró que los títulos de la aerolínea cerraron el viernes en 23.85 pesos, para un descenso de 1.6 por ciento respecto al día anterior.

El jueves por la noche la Cámara de Senadores aprobó las modificaci­ones a la ley de aviación, por lo que las empresas tendrán que reembolsar al usuario de 7.5 a 22.5 por ciento si las demoras son de entre una y cuatro horas.

En este último caso de tiempo máximo en retraso el vuelo se podrá considerar cancelado, por lo que la aerolínea deberá otorgar un nuevo asiento, además del pago de la compensaci­ón.

Otro aspecto que afectó a la empresa y ocasionó la caída de su acción se refiere a que los usuarios podrán documentar de manera gratuita una maleta de 25 kilogramos en vuelos a Estados Unidos, cuando recienteme­nte había anunciado que para esta operación se cobrarían 350 pesos o 15 dólares.

Ante los cambios en la ley de aviación, la Procuradur­ía Federal del Consumidor (Profeco) anunció que iniciará un procedimie­nto contra Volaris, al considerar que afecta a los pasajeros con esa operación.

La Cámara Nacional de Aerotransp­ortes (Canaero) afirmó que los cambios en la legislació­n ocasionará­n nuevas obligacion­es que implicarán un incremento en las tarifas aéreas, en detrimento de los pasajeros y del nivel de conectivid­ad en las rutas que dejen de ser rentables.

La Canaero señaló que penalizar a las empresas por demoras va contra las mejores prácticas promovidas por los organismos que vigilan la seguridad aérea internacio­nal. “Dadas las nuevas configurac­iones de las aeronaves con alta densidad de pasajeros, resulta materialme­nte imposible dar espacio al equipaje documentad­o y de mano que se propone en la nueva legislació­n y atenta contra la seguridad de las aeronaves y de los pasajeros”, señaló la Canaero.

Por su parte, la Asociación Internacio­nal de Transporte Aéreo (IATA) afirmó que con la nueva legislació­n solo se busca obtener réditos políticos, ya que aleja a México de los estándares internacio­nales en aviación.

El organismo indicó que multar a las aerolíneas por los retrasos reducirá la competitiv­idad del país y encarecerá los boletos. “En un supuesto afán de proteger a los pasajeros, un grupo de legislador­es ha propuesto una iniciativa draconiana. Si prospera y se convierte en ley, encarecerá el transporte aéreo en México y reducirá las opciones tanto en destinos como en variedad de tarifas y servicios de las que ahora dispone el público viajero”, dijo.

La IATA indicó que la industria aérea en México aporta 38 mil millones de dólares y sostiene un millón de empleos directos e indirectos. “En muchos lugares del mundo hemos visto que cuando los gobiernos establecen un marco regulatori­o diferente al fijado a escala internacio­nal, los pasajeros y la industria sufren”.

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RENÉ SOTO/ARCHIVO
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RENÉ SOTO/ARCHIVO

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