Traslado de reos federales, solo con autorización: Sales
El traslado de reos relacionados con delitos federales desde prisiones bajo control estatal se puede llevar a cabo siempre y cuando haya autorización judicial y el sujeto privado de su libertad no cuente con algún amparo.
Renato Sales, comisionado nacional de Seguridad, en entrevista con MILENIO, explicó que en el caso de José Luis Gutiérrez, Don Chelo o El Ojo de Vidrio, no se ha concretado su traslado a una prisión federal porque la solicitud de las autoridades carcelarias de Puente Grande era que el operativo fuera responsabilidad exclusiva de la Comisión Nacional de Seguridad.
Esto no es factible, pues todos los operativos de este tipo deben realizarse conjuntamente, explicó.
Además, existe una solicitud de amparo por parte de Gutiérrez para evitar su traslado a otra prisión.
En un documento fechado el 2 de mayo de 2016, la fiscalía de Jalisco solicitó el traslado de 23 reos del fuero federal, recluidos en el penal estatal de Puente Grande.
En el número uno de la lista de los internos aparece Antonio Herra Ochoa y/o José Luis Gutiérrez Valencia, El Ojo de Vidrio, El Flaco, el Chelo o El Apá. El traslado no se pudo concretar debido a que contaba con un amparo. “Uno de los problemas más fuertes en el tema del traslado de reos es que los sujetos se amparan
Los criminales también evitan ser removidos al obtener amparos, explicó el funcionario
y vuelven a ampararse, por lo que no hay forma de moverlos y debemos esperar a que haya un resquicio legal para poder efectuar los traslados”, manifestó Sales.
Agregó que para terminar con estas lagunas está trabajando con las fiscalías estatales, de manera que se tenga una coordinación real y superar cada uno de los escollos que aquejan al sistema penal.
El comisionado dijo que actualmente hay 220 mil personas en los penales del país, de los cuales 10 por ciento se encuentran en centros federales y otro 10 por ciento está apegado a amparos en cárceles estatales para evitar ser trasladado.
Respecto del tema del autogobierno en las prisiones de los estados, Sales aseguró que ha sostenido reuniones con autoridades estatales para apoyar en el reforzamiento del sistema penitenciario y evitar estos casos en las cárceles locales.
Insistió en que actualmente se trabaja en una política para reorientar los recursos de la Federación a los penales estatales para un manejo más adecuado de éstos.m
En los dos sexenios recientes apenas 56 de 389 centros penitenciarios en México han logrado cumplir estándares internacionales, pese a una inversión de cerca de 36 millones de dólares que se han destinado para su mejoramiento a través de la Iniciativa Mérida.
Además, la fuga de líderes del narcotráfico, como Joaquín El Chapo Guzmán, de los penales de Almoloya y Puente Grande, prácticas como narcofiestas, motines, riñas y extorsiones se mantienen en las cárceles.
A fines de marzo pasado, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, llamó a los gobiernos estatales a atender de forma prioritaria el problema que enfrentan las prisiones.
A partir de 2009 el gobierno de EU implementó un programa con el que se busca mejorar el sistema penitenciario mexicano, el cual incluye apoyo para que estos centros cumplan las normas internacionales y logren la acreditación de la Asociación Americana de Correccionales (ACA, por sus siglas en inglés).
Si bien la reciente narcofiesta de la que da cuenta MILENIO se realizó en un penal estatal que no cuenta con criterios internacionales, existen centros que a pesar de cumplirlos mantienen actividades que evidencian las deficiencias del sistema penitenciario mexicano.
De acuerdo con el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2015, elaborado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), aún existen carencias para atender y prevenir incidentes violentos, además de que se mantiene la sobrepoblación en muchos de ellos.
El diagnóstico reportó que 35 por ciento de las mil 382 riñas registradas en las cárceles del país se originaron en seis Centros Federales de Readaptación Social (Cefereso), a pesar de que están avalados por ACA.
Además de que algunos de los centros penitenciarios que cumplen con los estándares establecidos por esta asociación estadunidense, que instaura 137 modelos internacionales centrales han tenido observaciones alarmantes por la CNDH.
Es el caso del Cefereso No. 9 en Chihuahua, donde estuvo interno El Chapo Guzmán, antes de su extradición a EU, que apenas logró una calificación aprobatoria (6.6) al identificar que se mantiene el hacinamiento, además de que existen deficiencias en el proceso para la imposición de las sanciones disciplinarias
A nivel local, otro de los penales certificados por ACA es el Centro de Reinserción Social Estatal No. 3 de Ciudad Juárez, que fue señalado por la CNDH debido a la insuficiencia que tiene en los programas para la prevención y atención de incidentes.
La representación diplomática ha identificado que las estadísticas de incidencia criminal en los estados donde sus centros penitenciarios han sido certificados por ACA presentan una reducción en cifras delictivas.
Chihuahua, por ejemplo, logró que en 2015 se redujera la tasa de homicidios reportados en un tercio en comparación con 2010 y se observó un decremento de alrededor de 90 por ciento en el caso de las extorsiones y secuestros denunciados, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Actualmente, la Embajada de EU, a través de la Oficina de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley trabaja con más de 90 centros penitenciarios estatales con el fin de ayudarles a lograr la acreditación o su refrendo. Además de que la representación diplomática espera que por lo menos 60 de estos centros penitenciarios logren la acreditación por la ACA antes de agosto de 2018.