Sobrepoblación en los penales, responsabilidad de autoridades
Presos podrían seguir proceso en libertad si se aplicara una medida cautelar señala experto
Presos que ocupan un lugar en centros penitenciarios, que representan un gasto público y cuya presencia abona a la sobrepoblación y la posibilidad de que exista autogobierno en las cárceles, es un problema que aqueja a todo el territorio nacional, y Jalisco figura entre las entidades que presentan mayor registro del mismo, algo que se debe al haber sostenido por muchos años un sistema mixto inquisitivo, donde la presión preventiva era una regla, pero además, se mantiene debido a la falta de preparación y criterio de los juzgadores.
Gerardo de la Cruz Tovar, académico de la Universidad Panamericana, especialista en Derecho Penal, sostiene que aunque la constitución establece que un inculpado debía ser juzgado en menos de un año, con el antiguo sistema se incumplía con los plazos, “eso generó a lo largo de los años, que se fueran acumulando grandes cantidades de presos en espera de condena”, tal como ocurre en el Penal de Puente Grande en Jalisco, situación que acarrea diversos daños sociales como el “impacto en el aspecto económico, el dinero que se gasta con ellos que debiera destinarse a vez a educación, salud u otro tipo de servicios”.
Lo anterior es uno de los problemas que se planea contrarrestar con el Nuevo Sistema Acusatorio Adversarial, que ya no tiene como regla la prisión preventiva, sino como una excepción, sin embargo hay una “tendencia a abusar en gran medida, digamos hay voces que están pidiendo que muchas conductas se consideren de prisión preventiva obligatoria, y eso es algo negativo” porque se seguiría generando un número importante de presos a la espera de un juicio.
Entre las “voces” que solicitan esa prisión preventiva, se encuentra el fiscal general, Eduardo Almaguer, que ha argumentado la necesidad de aplicar la figura de prisión preventiva a casos como la reincidencia, no obstante, el académico consideró que se debe a “sus propias deficiencias, porque no logran mantener de alguna manera vinculados a proceso a personas que han sido imputados, y solicitan de antemano que se establezca la prisión preventiva obligatoria”.
Añadió que existe un recurso basado en un artículo transitorio del Código Nacional de Procedimientos Penales, que ofrece la posibilidad a los presos cuyo delito no es causa de prisión obligatoria, puedan solicitar una medida cautelar y seguir su proceso fuera de un centro penitenciario, algo que reduciría de manera importante la población dentro de los mismos, sin embargo, esto no ocurre debido a que “no en todos los juzgados han sido propicios a aceptar este trámite, pero es una salida que no se ha explorado y así muchas personas puedan obtener su libertad”, de entrada, todos los acusados por abuso de confianza o fraude.