El Observatorio del Agua analiza “judicializar” sus diferencias con Ejecutivo
Se cumplen tres años y más de 120 recomendaciones, el órgano considera que no se han respetado sus lineamientos jurídicos
Hoy, hace tres años, el gobierno del estado publicó el acuerdo por el cual se establecen “las bases del Observatorio Ciudadano para la Gestión Integral del Agua para el estado de Jalisco”. El problema es que ese organismo, al que se dotó de “dientes” para poder modificar los graves problemas del agua en la entidad, no ha tenido el impacto que se deseaba en la modificación de las políticas públicas que tienen que ver con el sector agua.
Porque resulta que es el propio gobierno del estado, a través de sus diversas instancias, como la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet), y de la Comisión Estatal del Agua (CEA), el que se ha negado a seguir las recomendaciones, que son de diversa materia, pero sobre todo, han tenido que ver con el asunto del río Verde. Y no es casualidad: ese tema, del trasvase de agua de la región Los Altos de Jalisco a la ciudad de León, es el eje inicial del trabajo desplegado por el observatorio. El gobierno de Aristóteles Sandoval Díaz lo asumió así, por eso fija sus atribuciones:
Artículo 1. “…es un órgano colegiado técnico y ciudadano, especializado en materia de agua, facultado para formular opiniones, dictámenes, propuestas, criterios, y recomendaciones técnicas y jurídicas, todas ellas de carácter público, orientadas a promover la informada y razonada gestión de los recursos hídricos en Jalisco, particularmente en relación con la conservación, preservación, mejoramiento, restauración y distribución del recurso, con el objeto de proteger los ciclos naturales y la promoción de su aprovechamiento sostenible y responsable, atendiendo a la normativa aplicable a la materia y recurso”, señala.
Artículo 2. “Las opiniones, dictámenes, propuestas, criterios y recomendaciones colegiadas emitidas o suscritas por el Observatorio Ciudadano, serán de carácter público, vinculantes y de obligada consideración y razonamiento para cualquier órgano público del estado de Jalisco y para su propia toma de decisiones. Estos deberán atender dichas determinaciones y aplicarlas cuando sea de su competencia o inclusive cuando impacte de manera concurrente en su toma de decisiones o su ejercicio. Sólo podrán excusarse cuando exista imposibilidad técnica, jurídica o presupuestal para implementarlas, determinación que deberán fundar y motivar por escrito, y hacerla pública. En su caso deberán establecer las medidas que se tomarán para crear las condiciones necesarias en el cumplimiento de las recomendaciones”.
El observatorio ha emitido más de 120 recomendaciones. Considera que ninguna ha sido satisfecha, más allá de respuesta burocráticas que a juicio de los miembros, están mal sustentadas.
¿Qué es una recomendación vinculante? La directiva secundaria jurídica de la Unión Europea, define: “Se distingue entre ellos, los actos vinculantes y los exentos de obligatoriedad. Hay que tener en cuenta que no todos los actos vinculantes poseen una naturaleza normativa, ya que algunos tienen una eficacia individual similar a la de un acto administrativo en cuanto a sus efectos, determinados solo a sus destinatarios más o menos concretos: por ejemplo a un Estado o a una persona jurídica en concreto”.
Una discusión que ya se da en el observatorio es cómo pasar al terreno legal, ante las instancias administrativas, para hacer que se cumplan sus recomendaciones. Esto llevará a judicializar las diferencias con el gobierno del estado, y podría suceder en las siguientes semanas.