Designaciones públicas

L as designaciones sobre funciones públicas como son la integración de órganos de Estado requieren una revisión profunda. La perversión de cada proceso de elección y nombramientos están sujetos más a criterios dispersos, con elementos de discrecionalidad en el proceso y momento de la decisión, en particular cuando observamos aquellos que le corresponden a la representación popular: el Congreso del Estado.

Elección de comisionados del Itei, de la dirección de la CEDHJ, de magistrados de tribunales del Poder Judicial, de consejeros y de órganos autónomos, por citar los más visibles, se han convertido en un botín de grupos, que en lo que se observa, ni siquiera dan la cara o no están en los espacios de responsabilidad pública para que rindan cuentas, por ejemplo, dirigencias partidistas sobre grupos parlamentarios, actores de poder fáctico que con una llamada telefónica pueden bloquear, dar el placet o descartar.

Dependiendo el caso, el botín en la designación de un cargo a cubrir sobre una función pública adquiere mayor relevancia si sobre el elegido recae el control de una nómina. Así, no importa quién llegue, que el perfil y trayectoria no cuente con las credenciales propias para el cargo; basta que cubra con lo formal que establece la norma (acreditación mediante documentos), y en algunos casos, un examen de conocimientos que nada garantiza probidad, capacidad de juicio, estabilidad, madurez.

Los antecedentes, experiencias y expectativas sobre procesos de integración de órganos de Estado, Itei, CEDHJ, auditor superior, contralores de órganos autónomos, fiscal anticorrupción, magistrados para el nuevo Tribunal de Justicia Administrativa, por señalar algunos, ameritan abrir la discusión para la revisión de las normas sobre el servicio público y determinar la necesidad urgente de una ley sobre designaciones públicas con reglas básicas que permitan procesos abiertos, con participación ciudadana, con elementos para identificar el mejor perfil que requiere la institución, con base en una política pública sobre lo que se necesita y los retos que enfrenta; elementos que permitan evaluar no sólo conocimientos, sino probidad y trayectoria reconocida (no sólo documentada), con personas que saben qué ofrecer para la institución y la sociedad; procesos blindados de la injerencia de grupos.

¿Es mucho pedir?, o ¿es mucho a lo que renunciarían quienes hoy deciden?