Cambios en Junta Local

Entre un gobierno que lo hace mal y un pueblo que lo consiente, hay una cierta complicidad vergonzosa.

Víctor Hugo

or fin! El gobernador se dio cuenta del fracaso que representa la implantación del Sistema Penal Acusatorio en Jalisco, hace poco declaró: “…no podemos continuar así, pues de seguir así, el fracaso llegará en el corto plazo (¿llegará?). Esta realidad se está presentando en todas partes de la República (mal de todos), se está reflejando en un incremento de los delitos patrimoniales... de no realizarse las modificaciones legales pertinentes, el fracaso de la nueva forma de impartir justicia en México sería de corto plazo...”.

Bastaron menos de 3 años para que el gobierno estatal declarara su incapacidad. El primero de octubre de 2014, el gobernador anunciaba con bombo y platillo: “La ciudadanía nos vuelve a dar un voto de confianza con este nuevo sistema, no podemos de ninguna manera fallarle. Tenemos un gran compromiso y estoy seguro que con la voluntad política, con la claridad, pero sobre todo, con la convicción de que las familias y los jaliscienses el día de mañana puedan decir que viven fuera de la impunidad, puedan decir que hubo la reducción y combatimos la corrupción, pueden decir que todos y todas somos iguales ante la ley…”.

Tal parece que de poco valió el voto de confianza otorgado por la ciudadanía dado el evidente fracaso en la implantación del Sistema Penal Acusatorio en Jalisco. Ante este hecho irrefutable, el titular del ejecutivo estatal hace ahora un nuevo llamado para reformar la reforma del sistema de justicia penal a fin de que se contemple lo que a su entender es la reincidencia y se evite tener un sistema “hipergarantista”.

Ante semejante muestra de incomprensión y desconocimiento es necesario que ¡alguien le explique al gobernador el concepto de reincidencia y también el origen de la reforma penal de 2008 para que le quede claro que en materia de derechos nada es hipergarantista!

Primero, el que se detenga a un presunto responsable, varias veces, no lo hace reincidente; para que una persona adquiera dicha condición es necesario que exista una sentencia, que ésta sea purgada y que luego de ello, la persona en comento sea detenida, consignada, procesada y sentenciada una vez más por el mismo delito que previamente cometió. Todo esto ya existe.

Segundo, ¿tenemos un sistema hipergarantista? La respuesta es: NO. Lo que ocurre básicamente es que a las ramas ejecutivas estatal y municipales les han quedado grandes las responsabilidades que les corresponden cumplir en materia de seguridad pública y procuración de justicia.

Las reglas del juego cambiaron y las instituciones del poder ejecutivo mantienen en el un tramo de responsabilidad muy importante para el cual no están listas. Bajo el esquema actual, las policías (estatal y municipales incluidas) son las primeras respondientes ante un hecho que constituye un potencial acto delictivo, esta función que en el pasado correspondía al Ministerio Público, hoy corresponde al policía de a pie; y nos topamos con que es una responsabilidad enorme sobre la cual no han tomado conciencia ni los elementos operativos, ni los mandos, ni los directivos, y en consecuencia, la capacitación que hasta ahora han recibido es deficiente, no cuentan con la experiencia que el caso demanda y tampoco existen las condiciones materiales bajo las cuáles puedan desarrollar y cumplir adecuadamente dicha responsabilidad.

En general, en Jalisco, los policías no llevan a cabo adecuadamente las detenciones, desconocen el procedimiento marcado por ley para efectuarlas y no cuentan con el respaldo requerido. Las fallas van desde no informar al detenido el motivo de su arresto y la realización de registros deficientes de las condiciones bajo las cuáles se detiene al presunto responsable hasta el inadecuado manejo de los testimonios, pasando por la exposición del detenido ante la prensa como responsable de la comisión de un ilícito, con lo cual se viola el derecho a la presunción de inocencia del imputado. Se sabe entre los propios policías que cuando solicitan apoyo al Ministerio Público, éste es deficiente o simplemente no llega. Y ante ello, las opciones para cumplir con una labor que resulta complicada incluso para los abogados son muy pocas: o se rehúye de atender los llamados para acudir a la escena de algún posible ilícito y aprehender a los presuntos responsables o se hacen mal las cosas y se enfrentan las posibles consecuencias. Esto ha llegado a un punto en el que la policía mal entiende la situación y no detiene a los presuntos responsables de la comisión de un delito porque al violentar lo señalado en el artículo 149 del Código Nacional de Procedimientos Penales, es decir, violar derechos del detenido puede darse paso a una investigación de la actuación del policía y sancionarlo por el abuso o los errores y omisiones cometidos.

Así, cuando el detenido llega ante el juez de proceso, éste conoce de las irregularidades presentes en dicha detención y está obligado, por lo tanto, a dictar su liberación inmediata.

Por supuesto, que a quien se señala como responsable de la liberación de un presunto delincuente es al Juez, pero éste ante la frustración que representa la violación del debido proceso debe decidir a favor del inculpado, algo que corresponde al principio pro homine incorporado en nuestra Carta Magna en 2011, y que jamás puede considerarse como excesivo.

Ningún juez está satisfecho con decirle a un presunto responsable: ¡vaya usted a bien robar!, ¡vaya usted a bien matar! o ¡vaya usted a bien vender su droga!, ya que aquí a pesar de la opinión que puedan tener los policías o de los indicios que parecieran arrojar algunos de los elementos probatorios, no se hicieron bien las cosas y se han violado sus derechos básicos, así que debo dejarlo en libertad. Las cosas deben hacerse adecuadamente desde el principio. Y para ello en todo el país, tuvimos 8 años, periodo que no fue establecido al azar sino a partir de las experiencias en otros países Latinoamericanos. Debió entenderse desde el principio que la reforma penal era, principalmente, una reforma cultural que requería de estructuras institucionales e infraestructura física adecuada, del establecimiento de procesos, de la capacitación y entrenamiento adecuados de policías y sus mandos, Ministerios Públicos y jueces y del seguimiento de resultados. La reforma debía ir a la par de un proceso de maduración psicológica y social que entiende y valora la importancia del debido proceso, del esclarecimiento de los delitos bajo la presunción de inocencia de la persona imputada y exige al poder ejecutivo y judicial el cumplimiento de sus responsabilidades.

Esto no ocurrió así, pero debe quedar claro que no es como propone el gobernador de Jalisco que se corregirá el problema y se desactivará la bomba de tiempo que tenemos en las manos. Se hizo el cambio de domicilio de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA), pero el cambio es solo de lugar porque persisten la corrupción, la ineficiencia, el rezago, el coyotaje y la injusticia, debido a que quienes mandan en la JLCA son los representantes patronales (Coparmex) y sus sindicatos charros (CTM-CROC). Impusieron la reforma laboral y desde diciembre del 2012 pisotean como nunca, los derechos de los trabajadores y coyotean los juicios en su contra porque ya no pagan salarios caídos como antes. El cambio de lugar de la JLCA parece más justificar un gasto innecesario porque el 24 de febrero de este año se publicó la reforma a los artículos 107 y 123 constitucionales en los que se anunció la desaparición de las juntas y la creación de centros de conciliación -como organismos descentralizados- y tribunales laborales dependientes de los poderes judiciales federal y locales. Entonces, si Aristóteles sabía de las reformas en este sentido, cómo es que hace un gasto millonario en el entendido de que en febrero próximo se debe concretar la reforma de su patrón Peña Nieto y los diputados levantadedo que la aprobaron. Sacaron cajas y cajas de expedientes pruebas del rezago y de la injusticia laboral que prevalece. Son los empleados que hacen malabares para sacar el trabajo debido a una reforma laboral hecha con las patas.