Observatorio pide investigar al Ejecutivo
TRASVASE DEL RÍO VERDE El organismo ciudadano, en el contexto de entrega del informe de la UNOPS, reitera denuncia contra esa contratación y manejos opacos de fondos del Ipejal
ElObservatorioCiudadano para la Gestión Integral del Agua en Jalisco se determinó a ser, hasta el final del proceso, un enconado y estentóreo opositor a la contratación estrella del gobierno de Aristóteles Sandoval Díaz para resolver sus dudas sobre la pertinencia del trasvase del río Verde: la asesoría de la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops), cuyo informe técnico hoy se presenta con más de dos meses de retraso, a un costo de 4.65 millones de dólares.
Y no sólo renuevan su denuncia sobre esa contratación, sino que plantean la necesidad de investigar al mandatario sobre sus acciones y omisiones “en contra de los intereses de Jalisco”, al ceder servidumbre de carreteras estatales para la construcción del acueducto, y al permitir que el dinero de los trabajadores en el fondo del Instituto de Pensiones (Ipejal) financiara a una empresa que se lleva un recurso natural esencial para la economía y la sociedad de Los Altos de Jalisco.
“En sesión del pleno del Observatorio se acordó respaldar el dictamen jurídico sobre la contratación de la Unops, y por ende apoyamos la denuncia de hechos y el amparo presentados por diversos integrantes del Observatorio, al advertir la posible ilegalidad en la contratación del citado organismo internacional, amparo que se desahoga dentro del expediente 1908/2016 radicado en el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco”, señala el organismo constitucional, que fue creado en 2014 por decreto del propio gobernador, y cuyas resoluciones, pese a ser vinculatorias, no han sido cumplidas.
Advierte: “los trabajos derivados del convenio entre el estado de Jalisco y la Unops no aportarán datos significativos, o nuevos, más allá del aforo del río verde de tan solo un temporal, ya que su estudio depende y deberá incluir los datos oficiales de la Conagua [Comisión Nacional del Agua] y también del INEGI. Esto fue advertido oportunamente al gobierno del estado por el Observatorio”, señalan.
El trabajo, denominado Proyecto Jalisco Sostenible Cuenca Río Verde, “no será concluyente ni tampoco vinculante”; su costo es “excesivo” y ha sido poco transparente “no ha existido al reservar la información”.
Por ello, solicitan a la secretaria general adjunta de las Naciones Unidas y directora ejecutiva de la Unops, Grete Faremo, “iniciar una investigación correspondiente a la contratación por parte del gobierno de Jalisco”, y “determine si en el cumplimiento de dicha contratación se apegó a la normatividad de contrataciones”, y “de proceder, se deslinden las responsabilidades correspondientes a los ejecutivos de la Unops que instrumentaron y realizaron en el estado de Jalisco dicha contratación”.
Al gobernador le exigen “se comprometa en defensa de los intereses de los jaliscienses, incluidas la soberanía hídrica y territorial, y específicamente sobre el ‘no al trasvase del agua” de la cuenca del río Verde a la cuenca del río Lerma”.
Y paralelamente, le solicitan al senado de la república “que inicie una investigación sobre las acciones u omisiones del gobernador de Jalisco, en relación con la defensa del territorio jalisciense al advertirse de la posible ilegalidad que ha realizado [con] la Conagua en favor de la empresa Abengoa […] mediante la cesión de caminos vecinales, cruces y territorio ubicado en Los Altos de Jalisco, relacionados con la pretendida construcción del Acueducto El Zapotillo-León”.
Al Congreso local le exigen pronunciarse sobre las recomendaciones del Observatorio, en especial la V, que pide cancelar el trasvase; “que ordene auditorías a fin de conocer y en consecuencia determinar responsabilidades, al Ipejal, en la compra de certificados bursátiles a Abengoa México, y otra a la contratación que hizo el gobierno de Jalisco a la Unops…”.
Además, “que se interponga una controversia constitucional en relación con la no validez del denominado Acuerdo de Coordinación” celebrado por la Conagua, Guanajuato y Jalisco, suscrito el 1 de Septiembre de 2015, y “en relación con el permiso otorgado a la Conagua, a través de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (Oficio DCR/DV013/06-16, de 01-06-2016), para ejecutar trabajos de construcción”.
Hoy se entrega el Informe de Unops. Los miembros del observatorio quieren borrar los triunfalismos de la jornada.