Es de las más conflictivas del país, según informe de la Unops
Señala en el documento la urgencia de abordar los conflictos abiertos y latentes que amenazan con agravarse en la zona
No son gratuitos ni arbitrarios los conflictos por el agua en la cuenca del río Verde: se trata de un recurso históricamente escaso y mal gestionado por los gobiernos y los particulares, que ha derivado a escenarios de relaciones más enconadas ante el incremento de la población y de la demanda hídrica, que ni de lejos refleja el Registro Público de Derechos de Agua de la Comisión Nacional del Agua, señala el informe entregado la semana pasada por la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops).
“La cuenca del río Verde es una de las principales regiones del país por desarrollo económico y productivo. Se trata de una zona con gran actividad económica, pero cuyo crecimiento se ha realizado en gran parte, a costa de sus recursos naturales, especialmente el agua y el suelo. El proyecto de presa El Zapotillo, que pretende dar una respuesta a las necesidades del recurso hídrico durante los próximos 20 años, mediante un embalse de las aguas superficiales, se encuentra actualmente inmerso en circunstancias adversas de oposición y resistencia social por parte de quienes se ven afectados en forma negativa con el proyecto”, señala el capítulo denominado Problemática y conflictos asociados a la gestión de los recursos
“La cuencia del río Verde es una de las principales regiones del país por su desarrollo”, dice informe El documento señala que su crecimiento se ha realizado “a costa de sus recursos naturales”
hídricos.
“Las oposiciones al proyecto han generado un conflicto manifiesto en la cuenca del río Verde, altamente visibilizado por los medios de comunicación colectiva en el que son participes los pobladores de las comunidades que eventualmente serán desplazados involuntariamente por la inundación del embalse y la expropiación de terrenos para el trasvase, algunos productores que se benefician actualmente del sistema actual y temen por un nuevo sistema que restringa su acceso al agua subterránea, así como quienes perciben que no existe suficiente agua para favorecer a la ciudad de León”,
agrega.
Además del conflicto de El Zapotillo, “existen otros conflictos latentes, menos visibles que posiblemente no llaman tanto la atención de los medios, pero que revisten gran importancia y trascendencia socioambiental”. Los enumera el documento por su tipología:
Uno, “la percepción de escasez del agua, en proporción con los niveles de consumo actuales especialmente por parte de la actividad agropecuaria y de uso urbano para las comunidades aledañas y la zona metropolitana de Guadalajara”; dos, “la sobreexplotación de los acuíferos subterráneos de la región utilizados principalmente para el uso agropecuario”; tres, “los altos niveles de contaminación de origen agropecuario industrial y urbano e infraestructura insuficiente para el tratamiento de aguas residuales y mantenimiento de los cuerpos de agua”.
Cuatro, “la deficiente gestión social intergubernamental en la garantía de los derechos a la población afectada por la presa y el trasvase”; cinco, “los miedos y expectativas sobre los criterios de distribución de acceso al agua de la ciudad de León con la ejecución del proyecto de presa y trasvase del Zapotillo sumados a la indefinición sobre el futuro del proyecto de la presa El Zapotillo”.
Estos “son los principales puntos de tensión que definen las posiciones de los actores involucrados y dificultan la determinación de acciones coordinadas entre el gobierno federal, estados y municipios, obstaculizando la concertación de acciones con sectores productivos y sociales”.
Los actores sociales que se perciben afectados “tienden a hacer alianzas para fortalecer sus posiciones en contra los actos de las entidades gubernamentales que consideran abusivos o violatorios de sus derechos, sea que se trate de acciones reales o de supuestas amenazas a sus derechos. En la medida en que la capacidad de gestión del agua resulta insuficiente y los canales institucionales fallan o pierden credibilidad ante la sociedad, existen mayores posibilidades de incrementar los conflictos en la zona y de detonar conflictos en un estado de latencia”, advierte.
Por ello, “las autoridades del agua a nivel federal y estatal, Conagua y CEA, así como las autoridades políticas de los tres niveles son las llamadas a dar respuesta a la problemática e implementar medidas de prevención para evitar que los conflictos latentes escalen a una situación de violencia social. Los conflictos relacionados con el agua que se analizan en el contexto de la cuenca del río Verde como unidad de gestión, si bien tienen el potencial de convertirse en riesgos para la estabilidad de la región, también representan indicadores de oportunidades de mejora de gobernanza”.
Agua que no alcanza
Sin duda hay buena fuente objetiva de estos problemas: el agua es un bien muy disputado. “Hay enormes diferencia entre las estadísticas oficiales y la realidad en la cuenca del río Verde”, señala el capítulo dedicado al análisis de demandas hídricas de la cuenca.
Por ejemplo, “las áreas de riego son mucho mayores que las reflejadas en las estadísticas oficiales”. Según el inventario realizado por la Unops, “el mayor demandante de agua en toda la cuenca es el sector agrícola (87 por ciento), seguido por el uso poblacional (9 por ciento), pecuario (3 por ciento) e industrial (1 por ciento), siendo el uso de aguas subterráneas mucho más importante que el uso de aguas superficiales. La gran mayoría de estas demandas se concentran en Aguascalientes y en la región de Los Altos de Jalisco Norte”.
Con relación al volumen de agua demandado por el sector pecuario, “en los tres estados analizados los bovinos (leche y carne) son el mayor demandante de agua, seguido por aves y porcinos”.
La comparación de las demandas actuales “para los principales usos (agrícola, pecuario, industrial y poblacional) con las concesiones otorgadas en el marco del Repda [Registro Público de Derechos de Agua] indica que, a nivel general de la cuenca, y sin distinguir entre usos de agua superficial y subterránea, las demandas totales son mucho mayores que las concesiones (más de dos veces) lo cual es especialmente notorio en el caso de Aguascalientes y los Altos de Jalisco Norte. Este resultado pone de manifiesto la urgente necesidad de actualizar el registro de las concesiones para toda la cuenca. Sin ello no será posible lograr una gestión sustentable de los recursos hídricos a mediano y largo plazo”.