Milenio Jalisco

El verdadero problema en la procuració­n de justicia

- ESTEBAN ILLADES Twitter: @esteban_is Facebook: /illadesest­eban

La semana pasada 17 personas mu- rieron en un tiroteo en Villa Unión, Sinaloa. Antier fueron 15 personas en Chihuahua. Y en Guerrero, las cifras de lamentable costumbre: 28 muertos en un penal en Acapulco, horas después de que el Presidente inaugurara el nuevo Macrotúnel en esa misma ciudad.

Los números regresan a niveles del sexenio pasado. Las explicacio­nes también son las mismas que entonces: “Se matan entre ellos” es quizás a la que más se recurre.

Pero hay una nueva y preocupant­e: culpar al sistema penal que acaba de entrar en vigor. Ocho años tardó en implementa­rse. Costó 21 mil millones de pesos, según cifras oficiales.

Pero como los resultados no son visibles de inmediato y los muertos siguen apilándose en fosas y morgues, se empieza a decir que no funciona.

Hoy la cantaleta preferida es que la reforma quitó la prisión preventiva por el delito de portación de arma exclusiva del Ejército. En el sistema de antes, esto generaba prisión automática, y el Ministerio Público no tenía que investigar o demostrar nada. Con presentar al detenido con un arma en su posesión era más que suficiente.

Ahora no. Ahora se tiene que hacer una evaluación de riesgo del inculpado. Esto quiere decir que el Ministerio debe analizar, investigar, vaya, trabajar en cada caso que presente. Debe justificar el porqué de la prisión preventiva. No citar un artículo y listo.

Ocho años tuvieron para prepararse, pero no se hizo nada. Hoy los ministerio­s arrastran los vicios de antaño, solo que ya no tienen la muleta de la portación de arma para hacer su trabajo. Y de ahí los gritos de que la reforma no funciona.

(De la presunción de inocencia ni hablar. En México estamos a años luz de entender que un detenido no es automática­mente criminal).

El verdadero problema no es la portación de armas. El problema es que una reforma que se planeó a largo plazo nunca se tomó con la seriedad con la que se debía. Que no hubo capacitaci­ón, que la prevención del delito cayó en el olvido.

Hoy vemos las consecuenc­ias.

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