Buscan 18 defender a activistas y periodistas
a mayoría da por sentado que la expropiación es un derecho del Estado para hacerse de los bienes de los particulares cuando está justificado por una causa de utilidad pública y que en el caso de las ciudades se requiere que se haga uso de ese derecho reteniendo, en nombre de la sociedad, las plusvalías que se generan con motivo del crecimiento urbano.
Pero imagínese usted la siguiente situación:
El gobierno le expropia su casa argumentando un interés general superior: construir una obra de beneficio general. Hasta ahí vamos bien, pero resulta que le ofrecen pagarle
solamente LA MITAD del valor catastral,
valor equiparable al que le representó hace 20 años construirla; monto que en el mejor de los casos representa sólo un 10% del importe actual del inmueble. En este caso, su casa representa el patrimonio familiar más importante que ha logrado construir luego de años de esfuerzo y sacrificios.
Al gobierno esto no le importa y argumenta que no pueden pagar precios comerciales sino precios catastrales porque así lo dice la ley y procede a realizar la expropiación y a ceder su casa a un grupo empresarial para que construya, administre y aproveche la obra de beneficio general; negocio tremendamente redituable.
Usted, naturalmente, se inconforma y protesta por tal injusticia, acude a todas las instancias legales para impedir que lo despojen así como así de lo que legítimamente le pertenece, para dárselo a otros que lo aprovechan y explotan hasta amasar enormes cantidades de dinero.
El gobierno le ofrece negociar la situación y encontrar una respuesta satisfactoria para todos, envía a sus representantes a reunirse con usted en varias ocasiones, entre los delegados se encuentran varios funcionarios de alto nivel estatal y federal, se toman acuerdos que parecen razonables debido a que ellos mismos reconocen la injusticia cometida y se convencen de que debe corregirse dicha situación. Sin embargo, al paso de los meses los acuerdos no se cumplen. A los jefes de los funcionarios no les complacen los arreglos tomados y de un plumazo los desautorizan y argumentan que no tenían las facultades. Es decir, enviaron a la mesa de negociación a unos peleles, fantoches, títeres, a unos monigotes, para hacer perder el tiempo y tratar de desanimarlo de continuar con su lucha legítima.
Mientras tanto por la vía judicial la lucha para que sea reparada la injusticia cometida en su contra avanza y todo parece indicar que al final la razón le asiste y que las instituciones judiciales de este país funcionan, aunque sea de forma exasperadamente lenta.
Una vez más, el gobierno le propone establecer una mesa de negociación. Otra vez envía a sus representantes (algunos son los mismos de la vez anterior, pero afirman que ahora si tienen facultades para llegar a un acuerdo). Usted acude porque su único interés es que las cosas se arreglen y que la injusticia de haberle quitado su casa y querer pagarle el 10% de su valor sea corregida. Una vez más, los argumentos y las demandas que usted expone en la negociación son razonables e imbatibles y los representantes gubernamentales lo entienden y proponen un acuerdo que a usted le parece razonable.
Nuevamente, pasan los días y los meses y una vez más los jefes de los funcionarios no están conformes con lo negociado y lo desconocen. De nueva cuenta han intentado verle la cara y le hacen perder el tiempo y de paso le demuestran a toda la sociedad su ridícula seriedad, confiabilidad y capacidad política de negociación.
Finalmente, un juez decide que usted tiene la razón y señala que la expropiación que le despojó de su casa es ilegal y que su casa le debe ser devuelta.
Pero el tribunal colegiado le indica al juez que no puede ser devuelta, en virtud de que sobre ella se ha construido una obra de beneficio general y resulta impráctico e inconveniente que le sea reintegrada, pero señala, con todas sus letras, que la casa que le fue expropiada sea valuada adecuadamente y le sea pagada la cantidad justa.
Mientras tanto, el grupo empresarial presiona al gobernador y por esos días el Presidente de la República visita la entidad. Surgen los rumores de que el gobernador le pide al presidente que le ayude con el tema de la expropiación porque se ha vuelto un tema complicado.
Por esos días y de forma por demás extraña, el juez que había señalada la ilegalidad de la expropiación y que había ordenado que su casa le fuera devuelta, se desdice y toma lo dicho por el tribunal colegiado exactamente al revés y acepta que el gobierno pague lo que le venga en gana. Contraviniendo todo lógica y tergiversando sus propias palabras y razonamientos.
Esto es lo que han padecido los ejidatarios de El Zapote, durante los últimos años. Su patrimonio les fue expropiado
y les abonaron migajas para construir el Aeropuerto de Guadalajara.
Dicha terminal esta concesionada a un grupo empresarial españoles, que obviamente les representa un negocio bastante generoso, magnánimo y jugoso.
Las razones que defienden estos ejidatarios nos conciernen a todos, porque en este país nadie que no sea un poderoso empresario o un político acomodado, está exento de ser víctima de alguna injusticia cometida por las mismas instancias que en principio deberían evitarlas. Actos de injusticia que se cometen con el argumento de ser necesarios en aras de un bien común o fallas e injusticias que se adjudican al funcionamiento del sistema y cuyo resultado es el mismo: nadie tiene la culpa, pero las consecuencias las pagan los ciudadanos de a pie y las personas que menos recursos tienen para defenderse.
Así que la próxima vez que vea a los ejidatarios de El Zapote protestar y tomar acciones que puedan incomodarle, le pido que se tome unos segundos y piense en la injusticia que se comete en su contra y considere que esa historia puede ser la suya o la mía en cualquier momento sino hacemos que los derechos de cada uno de nosotros cuenten y cuenten tanto como los de los intereses empresariales escudados detrás del interés general. La lucha de los ejidatarios de El Zapote es una lucha que nos atañe a todos aunque no nos demos cuenta y no lo apreciemos de esa forma.
La Secretaría General de Gobierno publicó los nombres de los 18 aspirantes que se registraron para ser integrantes del primer Consejo Consultivo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Estado de Jalisco.
En total se elegirán a nueve titulares y 9 suplentes con el siguiente detalle: 3 consejeros titulares expertos en derechos humanos y tres suplentes; 3 consejeros titulares expertos en periodismo y tres suplentes, y tres consejeros titulares representantes de la academia y sus tres suplentes.
Los aspirantes serán entrevistados y de ser seleccionados ocuparán el cargo de manera honorífica. Entre quienes cumplieron con los requisitos establecidos en la convocatoria del 22 de junio pasado se cuentan: Roxana Bravo Luisjuan Roxana, Juan Manuel Estrada Juárez, Alejandra Guadalupe Galera Vidal, Pedro Ernesto Gómez Limón y González; José Benjamín González Mauricio; Fascinación Eydie Beirut Jiménez Figueroa y Hans Jurado Parres.
Así como Esperanza Loera Ochoa; Olga María Marmolejo Gabilondo, Arturo Martínez Madrigal, Rubén Ortega Montes, Josué Paredes Martínez, Jesús Ramírez Zúñiga, Moisés Mora Cortés, José Adrián Rangel Guerrero, Martha Delia Sossa Ruelas, José Luis Ulloa Leaño y Jorge Ernesto Vélez Estévez
“El secretario técnico de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, Krystian Felype Luis Navarro, será el responsable del desahogo de las etapas procedimentales que prevé la convocatoria”, informó la Secretaría de Gobierno.