La Seder asegura que no ha financiado daño al bosque de Jalisco
En predios forestales donde se ha documentado cambio de uso de suelo ilegal para huertos de aguacate
Personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y miembros de la gendarmería ambiental de la Policía Federal, realizan esta semana un intenso operativo de inspección y clausura de predios boscosos que fueron ilegalmente transformados a huertas aguacateras, sobre todo en los últimos siete años, y algunas industrias que reciben madera de dudosa legalidad.
La Dirección de Comunicación Social del organismo confirmó que se trata de un proceso coordinado desde la Ciudad de México por la Subprocuraduría de Recursos Naturales de la Profepa, que preside el biólogo Ignacio Millán Tovar, y que se podrá emitir información oficial después del cierre del mismo, que se espera lograr en el curso de la tarde de hoy.
Mientras hay presencia de una veintena de elementos de la gendarmería, y de personal de oficinas centrales y de la delegación en Jalisco, la ausencia notable es de elementos del Ejército mexicano, pues la Secretaría de la Defensa Nacional decidió no intervenir, pese a que los municipios de las regiones Sur y Sureste del estado se ha “normalizado” la presencia eventual de bandas criminales, en algunos casos, con intereses en los mercados de la madera y del aguacate.
Extraoficialmente, se sabe que se han realizado inspecciones y clausuras en predios boscosos de seis municipios, y algunas procesadoras de madera. El cambio de uso de suelo implica remover volúmenes grandes de madera, muy por encima de los que autoriza la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), y termina inundando el mercado con producto ilegal. Desde 2011 no se otorgan autorizaciones de cambio de uso de suelo en Jalisco y, a la fecha, no está definido un proceso por parte de Semarnat México, lo que ha empantanado cualquier expediente formal en las oficinas de la delegación.
Para algunos, ese es el factor que dispara las transformaciones ilegales de territorio, pues el incentivo económico de un mercado con un valor de 1,300 millones de dólares anuales, fuertemente impulsado y subsidiado por los gobiernos estatal y federal a través de las secretarías de Desarrollo Rural (Seder) y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
El valor de mercado de este producto es de mil 300 millones de dólares cada año Delincuentes se han involucrado en esta actividad al facilitar el lavado de dinero