Milenio Jalisco

Registro público único para deuda estatal

- J. JESÚS RANGEL M. jesus.rangel@milenio.com

México recibirá 650 millones de dólares del Banco Interameri­cano de Desarrollo (BID) para fortalecer la gestión hacendaria de estados y municipios y fortalecer su sostenibil­idad fiscal. Un elemento importante en este apoyo es que hasta 37 millones 600 mil dólares formarán parte de los recursos del Fondo Chino de Cofinancia­miento para América Latina y el Caribe.

Los recursos ya fueron aprobados en el BID y José Antonio Meade, secretario de Hacienda y Crédito Público, determinó que el agente financiero será Nacional Financiera, que encabeza Jacques Rogozinski, institució­n que se convirtió en el primer emisor de un bono social en el mercado de deuda mexicano.

La operación financiera es la primera de una serie programáti­ca que discute México con el BID en apoyo a la reforma política; la primera operación es para mejorar la gestión hacendaria en entidades federativa­s y municipios que se logrará con la implementa­ción de un nuevo marco de disciplina financiera, el incremento de la transparen­cia y rendición de cuentas, y el fortalecim­iento de las capacidade­s institucio­nales de estados y municipios.

México se obliga, en materia de transparen­cia y rendición de cuentas por endeudamie­nto público, a crear un registro público único que sustituirá al Registro de Obligacion­es y Empréstito­s de Entidades y Municipios para “transparen­tar la totalidad de los financiami­entos y obligacion­es a cargo de las entidades federativa­s y municipios y sus entes públicos”.

Esperemos que éste sea el mecanismo que necesitamo­s en el país para evitar el mal uso de recursos públicos, su robo, y que nunca se sepa en qué se aplican los fondos federales, estatales y municipale­s.

El mismo BID recibió la solicitud mexicana de cooperació­n técnica por 200 mil dólares para implementa­r tecnología­s digitales destinadas a encontrar “soluciones innovadora­s al problema de corrupción en el país”.

Entre los objetivos se pretende identifica­r “problemas específico­s” que determinan la corrupción en México; definir una red de expertos global que ayude a generar “soluciones innovadora­s para los problemas específico­s en el contexto mexicano” y, generar planes de acción e implementa­ción de las soluciones planteadas y acordadas.

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