El INE bajo fuego
Son inevitables las diferencias en decisiones de autoridad, más cuando debe dirimirse una elección de gobernador, pero esto no debe llevar a exigir la renuncia del conjunto del Consejo General como lo demanda Morena
Son muchas las instituciones que se han creado en el pasado reciente, que son motivo de satisfacción y orgullo. En perspectiva, uno de los mayores logros ha sido erigir una institucionalidad para dirimir civilizadamente la competencia por el poder a través del voto. El tránsito hacia autoridades electorales independientes ha sido un proceso gradual y consistente. La creación del IFE fue un paso significativo, y más la reforma de 1996 que le dio autonomía plena. Fue un aprendizaje exitoso. El arribo del gobierno dividido en 1997 y la alternancia en la Presidencia en 2000 fueron eventos que mostraron la confiabilidad de los órganos electorales.
El IFE/INE ha sido una creación genuinamente mexicana. Sus virtudes son ejemplares, pero sus debilidades no son menores, aunque no necesariamente atienden a quienes le integran, sino a las insuficiencias de la ley. Las reglas las aprueban los partidos y esto significa que no siempre está presente el interés público o ciudadano, sino el resultado un tanto complejo de las negociaciones entre competidores.
Uno de los problemas de la institucionalidad vigente resulta del desenlace traumático de las elecciones de 2006, con un resultado muy cerrado entre el candidato del gobierno, Felipe Calderón, y el opositor Andrés Manuel López Obrador. Al igual que las elecciones presidenciales de 1988, que dieron lugar al IFE y a una justicia electoral especial, las de 2006 crearon un modelo comunicacional restrictivo de las libertades, además de un esquema excesivo e invasivo de publicidad partidaria fundado en promocionales en radio y tv a cargo de los tiempos del Estado. Otro efecto de la reforma de 2007 fue haber removido a la totalidad del Consejo General, con lo que quedó en entredicho la inamovilidad de los consejeros a manera de asegurarles libertad respecto de los partidos.
PactoEn la por reforma México, sucesiva,se dio en un el paso marco másdel hacia la centralización de las elecciones, que fue una exigencia de Acción Nacional. La fiscalización de toda elección está a cargo del INE, a lo que se suma el registro electoral, pero la organización de los comicios tiene lugar por los órganos electorales locales bajo un esquema de discrecionalidad del INE, que lo mismo puede realizar determinadas funciones que organizar la totalidad del proceso.
En lo que va de vigencia de la última reforma el sistema muestra insuficiencias preocupantes. El INE está bajo fuego no por actos propios, sino por omisiones o por lo que ocurre en elecciones locales a cargo de autoridades locales. Además, queda claro que la autoridad que organiza las elecciones requiere de la participación y colaboración de los partidos y ciudada- nos; sin embargo, si esta misma autoridad es también instancia de sanción para los partidos, medios de comunicación y ciudadanos, es Inevitable que esté bajo critica de las panes afectadas. I El INEha realizado un trabajoencomia-ble en el marco de las responsabilidades que les corresponden. Existe polémica, I crítica y controversia sobre la decisión que debió tomar respecto a los comicios de Coahuila a parlar del informe de la I Comisión de Fiscalización, cuyo dicta-• men señalaba que se habían superado los topes de campaña. En mi opinión es I correcto que la decisión no sea del Con-; sejo General, sino del Tribunal Electoral. I El precedente de anular es sumamente serio y grave, además es discutible, por el bajo tope de gasto de campaña en la legislación de Coahuila, que solo por esa falta y en tal proporción se pudiera anular la elección. Quizás jurídicamen-te es suficiente, no así el argumento de que una presunción de gasto —la tácita remuneración de los representantes de casilla— llevaría a repetir los comicios. 1 El Tribunal puede atender el conjunto de pruebas de quienes han impugnado la elección, valorarlas y resolver si es el caso, ratificar o repet ir comicios. La elección de 2018 debe cuidarse con el apego estricto a la ley. La discrecionalidad es un problema. Por su parte, los partidos y el conjunto de la sociedad deben forta-lecer la condición de autoridad del INE. Cuestionarle por interés particular o como medio para debilitarla bajo el supuesto de que es lo que más conviene es un grave error. Es InevItableque existan diferencias en las decisiones de autoridad, sobretodo, I cuando deben dirimirse controversias de peso como es anular una elección de gobernador, pero esto no debe llevar al extremo de exigir la renuncia del conjunto del Consejo General como lo ha demandado Morena. Esta presión que se le hace a los consejeros es irresponsable y frívola en extremo, además de que poco contribuye para un ambiente de confianza y certeza respecto a la magnitud del reto en puerta.
No es la actuación del INE el problema. La legalidad y la equidad en la elección ha quedado comprometida por los propios dirigentes de los partidos de Morena y Acción Nacional al utilizar en su beneficio como promoción personalizada la publicidad a la que tienen derecho las organizaciones que representan, de la misma forma por la campaña publicitaria del ex gobernador de Puebla mediante el despliegue de publicidad desproporcionada en la promoción de un libro. El modelo restrictivo de la libertad debe aplicar a todos; que los dirigentes de los partidos o un prospecto de candidato se hayan aprovechado o manipulado o interpretado a su favor los resquicios de la ley ha sido una omisión preocupante por la autoridad. Por esta consideración es necesario que el INE tenga el aval de todos los partidos y los contendientes, a manera de que la ley se aplique de manera igualitaria y que no se pretenda, como es el caso, de que situaciones claramente contrarias a la norma se dejan pasar a manera de evitar el rechazo de alguno de los actores políticos.
En ese sentido resulta tardía e insuficiente la determinación del INE para que, hasta el 8 de septiembre, cuando inicia formalmente el proceso electoral, se impidan situaciones de inequidad e ilegalidad como en las que se ha incurrido, en algunos casos a lo largo de más de un año. Aplicar la ley es la manera de acreditar a la autoridad electoral, que es lo único que nos permitirá librar el 2018 en las mejores condiciones que la realidad actual nos echa en cara como un mal augurio.
El instituto ha sido una creación genuinamente mexicana. Sus virtudes son ejemplares