Queda sin efecto la sanción a la UdeG
Através del Diario Oficial de la Federación se comunicó ayer la resolución de la Secretaría de la Función Pública (SFP) que deja sin efecto las sanciones administrativas que se habían emitido hacia la Universidad de Guadalajara (UdeG), que incluía una multa e inhabilitación por un año para celebrar contratos con entidades gubernamentales.
La institución presentó ante la SFP, un recurso de revisión de la multa e inhabilitación para ser contratada en la prestación de servicios.
El acuerdo con fecha del 13 de julio hace referencia al oficio número 00641/30.15/1799/2017 de mediados de junio de este año, emitida en el expediente administrativo número PISI-ANC-DS-0002/2015. Se presentó un recurso de revisión que finalmente favoreció a la casa de estudios.
La sanción establecía “inhabilitación para que por sí misma o a través de interpósita persona pueda presentar propuestas o celebrar contrato alguno con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, con las Empresas productivas del Estado, así como las entidades federativas cuando utilicen recursos federales”, así como una multa de más de 370 mil pesos.
En días pasados, luego de conocerse las sanciones impuestas por la SFP y el IMSS, el Rector general de la UdeG, Tonatiuh Bravo Padilla, anunció que la casa de estudios apelaría la resolución ante la propia secretaría federal.
Explicó que el IMSS asignó a la UdeG en el 2012 la Adjudicación Directa AO-019GYR119-N50-2012 que ampara un contrato de prestación de servicios respecto al “Desarrollo del proyecto ejecutivo de la Unidad de Medicina Familiar 10 consultorios sustentable, en Cabo San Lucas, Baja California Sur” por conducto de la Inmobiliaria Universitaria (Uniterra), por un monto de 4 millones 756 mil 465.51 pesos.”
El proyecto ejecutivo se realizó y entregó satisfactoriamente sin existir quebranto ni daño patrimonial. En consecuencia, se recibió el finiquito”, indicó la UdeG.
Por otra parte, el pleno aprobó que sean suspendidos los mecanismos de participación social durante el proceso electoral 2017-2018 que iniciará en la primera quincena de septiembre. Es decir, durante dicho periodo la ciudadanía no podrá solicitar y el IEPC no organizará procesos como lo son la iniciativa popular, iniciativa popular municipal, presupuesto participativo y la consulta popular. El resto de los mecanismos se podrán efectuar sin ninguna problemática.
También fue declara procedente la solicitud de iniciativa popular denominada “Por la Dignidad y los Derechos de las Personas en el Transporte Público” que promovió el Sindicato de Avanzada de Trabajadores del Autotransporte del Estado de Jalisco.