AMG: Juntos no significa unidos
L a realidad que experimentamos, relativa a la convivencia intermunicipal entre los nueve municipios que conforman el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), no remite al análisis de las condiciones que nos han conducido a la construcción de escenarios desfavorables a la sana interacción que debería ocurrir con las relaciones afectivas y efectivas entre la capital y sus circunvecinos. Sí, hemos crecido como ínsulas –muy autónomas, soberanas e inoperantes– pero hemos sido extremadamente hábiles para elaborar un intrincado y desordenado ejercicio de desarrollo urbano basado en planes parciales –que rayan en la obsolescencia como estrategia– que nos acerca cada vez más al colapso y al caos. Ha sido un proceso descoordinado y egoísta en el que, además, ha primado todo juego de intereses del capital por sobre la idea de bienestar colectivo en el conjunto urbano.
De entre los tópicos alusivos al tema, me permito referir y enunciar algunos conceptos que nos podrían dar alguna luz para dilucidar la complejidad. El Código Urbano, en su título primero, artículo 5º, fracción XLVI, define a la metropolización como la “Dinámica espacial que implica la asociación tendencial o inducida de un conglomerado urbano con características comunes: económicas, sociales, funcionales y productivas, que definen flujos de bienes, personas y recursos financieros;” aunado a la propia que hace en la fracción IX del mismo artículo, con relación a las Áreas Metropolitanas, que dice: “Cuando dos o más municipios del estado formen un mismo centro de población que por su crecimiento urbano, continuidad física y relaciones socioeconómicas sea declarado como tal por el Congreso del Estado;” que es el caso del AMG.
Al comprender el hecho urbano que nos ocupa, deberíamos actuar ya, de manera imperativa, para resolver de manera coordinada los problemas particulares en cada municipio pero con una visión de largo aliento y amplio espectro como una sola gran ciudad. Ello implica dejar de concebir a las nueve ciudades como entidades aisladas que, a pesar de estar adjuntas y compartir problemáticas similares y temas comunes en materia de agua, residuos, movilidad, vivienda, espacio público y áreas verdes o seguridad, se encuentran muy alejadas en lo referente a la imperiosa necesidad de planear su crecimiento y desarrollo de manera integral. Quiere decir, entonces, que se hace indispensable considerar los cambios que el legislativo debe realizar para ajustar las leyes y reglamentos estatales en la materia para dar viabilidad, legal y técnica, a instrumentos innovadores que posibiliten y hagan factible establecer nuevos mecanismos de coordinación efectiva y no sólo efectista. Juntos no significa unidos.
Es preciso revisar el rol que corresponde al Estado y a las instancias que la Ley de Coordinación Metropolitana establece: La Junta, el IMEPLAN y el Consejo, para que ejerzan su rectoría en cuanto a la aplicación irrestricta de instrumentos como el Programa de Ordenamiento Territorial Metropolitano (POTMET) y culminar la elaboración del Plan de Desarrollo Metropolitano (PDM). Aunado a ello, también es menester la participación activa de la Secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial y, obviamente, sujetarse al espíritu y a las disposiciones normativas contenidas en la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano así como a todas las competentes.