¿Debe renunciar el Secretario de Comunicaciones?

Usted qué opina? Yo me sumo a las voces que exigen su renuncia. Creo que en México es tiempo de que los funcionarios dejen sus cargos, cuando aparecen tragedias que pudieron haberse evitado, como la que causó el socavón en dos carriles de una carretera que fueron construidos hace ¡tres meses! ¿Y por qué debe irse?

Evidentemente que Gerardo Ruiz Esparza no es culpable de un hoyo que se abrió en la superficie y que mide siete metros de ancho por cinco de profundidad, pero es responsable de ello. Después de tantos casos tan lamentables como éste, es increíble que no aprendamos a fincar este tipo de responsabilidad. De menos, después de los espantosos hechos ocurridos en la Guardería ABC de Hermosillo, debió haber quedado claro que los funcionarios de primer nivel son responsables de las dependencias que están bajo su cargo. (Pero, Usted ya los ha escuchado: “yo no renuncio, eso es de cobardes que no quieren dar la cara”).

Claro que la renuncia sólo debe ser sólo el primer paso de una investigación que aclare, quiénes más son responsables y culpables. El deterioro del prestigio del Ejecutivo se debe, entre otras cosas, a que en este país nadie es responsable de nada. Ni de la seguridad, ni del mal estado de las carreteras, ni de los servicios de salud, ni de la pésima educación que brindan las escuelas, etc. (¿Yo, por qué? Diría Fox)

Si no somos capaces de establecer este elemental principio de responsabilidad es evidente que a los funcionarios no les importará gran cosa el prestigio y el funcionamiento de sus Secretarías de Estado. La única forma de evitar tragedias es haciéndoles ver que están obligados a renunciar ante negligencias, errores, omisiones o corrupciones, y que por lo tanto permanentemente deben aumentar la eficiencia de sus instituciones y mejorar los mecanismos de supervisión.

Llama mucho la atención el contraste entre el cinismo de los secretarios de Estado, después de hechos tan lamentables como los ocurridos en la carretera a Cuernavaca, y ese sentido de humillación y pena que muestran los gobernantes en países como Corea o Japón, después de que ocurren tragedias de este tipo. Inmediatamente se presentan a la opinión pública, presentan su renuncia y piden perdón porque su mal trabajo causó dolor a los ciudadanos.

Hay un sentimiento de vergüenza y de humildad que está muy alejado de ese descaro con el que continúan laborando los funcionarios mexicanos después de que socavones, incendios, fugas de narcotraficantes, explosiones inexplicables en edificios públicos, etc., conmocionan al país. Aquí nadie asume la responsabilidad de las instituciones que se encuentran a su cargo. (De modo que hay que decirles: “Si no pueden, ¡váyanse!, pero antes de que ocurran tragedias .“)

Esa falta de responsabilidad de las instituciones es lo que ha conducido a nombrar a un maestro de inglés como delegado de la Secretaría de Comunicaciones, o a almacenar gas metano en el sótano de la Torre Ejecutiva de Pemex (¿Recuerda la explosión en 2013 que causó la muerte de 37 personas y dejó 126 lesionados?). Esa falta de responsabilidad hace que los cargos de todas las instituciones del país estén ocupados por familias y redes de amigos, en vez de técnicos con el perfil exigido por las funciones del puesto. Esa falta de responsabilidad hace que el siguiente evento trágico ya esté programado. ¿Así, cómo?

La confianza es buena, pero el control es mejor

Esta semana el gobernador, Aristóteles Sandoval, hizo una propuesta importante: ciudadanizar la elección del auditor superior y de magistrados del TAE. Sugirió que de la misma forma que se planteó elegir al Fiscal General y al Fiscal Anticorrupción, el Comité de Participación Social participe en la designación.

El Gobernador se comprometió a que la terna que presente al Congreso para la designación del Fiscal anticorrupción esté integrada por los perfiles que seleccione el comité ciudadano. Y ¿por qué es esto importante? En los últimos años, los partidos políticos se fueron adueñando de los espacios de control que fueron diseñados para establecer un contrapeso a las instituciones gubernamentales. Sus funciones, pensadas para limitar y observar el ejercicio de las acciones propias del Estado, fueron un atractivo para que los partidos políticos se abalanzaran a ocupar con sus amigos a modo estos puestos. Consejos ciudadanos, comités, observatorios, organizaciones electorales, comisiones de derechos humanos, etc. se convirtieron en el pastel a repartir entre los partidos. No quedó casi nada.

Los ciudadanos fuimos alejados de los escasos y recién conquistados mecanismos de control. Pero, el Estado sufrió entonces una notable pérdida de legitimidad. El ridículo mayúsculo ocurrió cuando el mismo Presidente nombró a un subalterno, Virgilio Andrade, para investigar lo relacionado a la compra de la “Casa Blanca”. Surgió entonces un fuerte reclamo ciudadano para reconquistar estos espacios.

Así que esta vez, y ante la importancia de los cargos y las funciones a desempeñar, debemos tomarle la palabra al Gobernador, estar vigilantes de los procesos de elección para estos puestos y, en la medida de lo posible, exigir el mejor perfil ciudadano. La elección del presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos es una buena oportunidad.

Esa falta de responsabilidad ha conducido a nombrar a un mestro de inglés delegado de la SCT.