Circunstancias graves y decisiones difíciles
Es verdad conocida que en este país —y en otros— un socavón y dos difuntos no son algo excepcional. Hoyancos, derrumbes de cerros y obras en construcción provocan constantemente tragedias, sin olvidar las que resultan de la prestación de otros servicios públicos y múltiples acciones de gobierno. Las causas son muchas, lo malo es que rara vez se fincan responsabilidades y las autoridades suelen ser negligentes en la adopción de acciones para evitar los males evitables.
Sin embargo, lo sucedido hace días en la carretera México-Acapulco tiene peculiaridades: la obra tenía poco de inaugurada —con gran publicidad— por el Presidente de la República, acompañado del secretario de Comunicaciones y Transportes y otras personalidades; conociéndose ahora que su costo superó considerablemente el monto determinado en la licitación respectiva, las autoridades no han justificado, ante la sociedad, ese incremento.
Lo más doloroso fue saber que dos seres humanos pidieron auxilio —vía telefónica— pero fueron rescatados sin vida muchas horas después.
Particular indignación ha provocado la inacción criminal de un funcionario federal, ante los múltiples mensajes que oportunamente recibió de autoridades locales y vecinos del lugar, en los que le advertían del riesgo inminente, ese que terminó en devastación.
Para mayor complicación, el secretario del ramo, más allá de sus acciones ante lo sucedido, incurrió en una desafortunada expresión, absolutamente inadmisible frente a la desolación de los deudos y la frustración social acumulada.
Los justificados reclamos al gobierno no se hicieron esperar, y tampoco faltaron quienes consideran a toda la administración pública un hoyanco de lodo y corrupción, pues lo único limpio en el país son ellos.
Lo importante, ahora, es no perder de vista lo fundamental: hay víctimas mortales y severos daños económicos al erario y a los usuarios de esa autopista ¡de paga!; por lo que es urgente indemnizar debidamente a las familias de los fallecidos, fincar las sanciones penales y administrativas que establece la ley (al nivel que proceda) y emprender acciones eficaces para evitar la recurrencia de estas calamidades.
Defenestrar a Ruiz Esparza, es arma de dos filos: por una parte, se sentará el precedente de que también existe la responsabilidad política; por la otra, de relevarlo, sin más trámite, por ese hecho, será necesario que el Presidente tenga preparada una abundante lista de sustitutos para cada secretaría y los demás cargos de alto nivel, pues ninguno durará en su lugar más que un cuete en la mano.
Negligencias en hospitales, asesinatos en penales, excesos en operativos policíacos, violaciones en centros educativos y cien etcéteras… no dejarían títere ni institución con cabeza.