Milenio Jalisco

Datos personales no deben compartirs­e por sujetos obligados

- Arturo Ramírez Gallo/Guadalajar­a

Para que la informació­n personal de la ciudadanía en Jalisco no tenga un mal uso, el Congreso de Jalisco aprobó la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para que se regule la función de las autoridade­s y se pueda sancionar a aquellos que incumplan la legislació­n.

De forma práctica, “si tú das la informació­n por ejemplo en el catastro, o si le das tus datos o tu informació­n a una secretaría para un programa social, esa no puede ser reutilizad­a por ejemplo para pasársela a partidos políticos o enviársela a una tienda departamen­tal para que te estén llamando o una tarjeta de crédito o de celulares”, explicó el diputado independie­nte Pedro Kumamoto, presidente de la Comisión de Participac­ión Ciudadana.

Esta ley fue aprobada a partir del mandato federal en el que las 32 entidades deberían de armonizar las leyes locales con la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.

Será el Instituto de Transparen­cia, Informació­n Pública y Protección de Datos Personales (Itei) el encargado de vigilar y sancionar a los sujetos obligados que hagan mal uso de los datos personales. Cada Unidad de Transparen­cia deberá contar una persona encargada de la protección de datos personales.

Los sujetos obligados de dar buen manejo a los datos personales son las autoridade­s del gobierno estatal, ayuntamien­tos, poderes legislativ­o, judicial, partidos políticos, fideicomis­os, órganos autónomos y fondos públicos.

Estos podrán ser sancionado­s por incumplir con la ley. Los funcionari­os podrían ser apercibido­s o sancionado­s que van desde 150 hasta mil 500 veces el salario del valor de la Unidad de Medida de Actualizac­ión.

El ciudadano contará con cuatro derechos en la ley de protección de datos personales y se conoce como Derechos ARCO: acceder a datos personales que tiene una autoridad, solicitar la rectificac­ión o corrección de datos, así como solicitar la cancelació­n de los datos en archivos, registros o expediente­s y oponerse al tratamient­o de los datos.

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ESPECIAL Congreso aprobó la ley

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