Transporte público en Tlajomulco, un viejo problema sin atender; mototaxis y taxis piratas las “opciones”
Lamenta que el trabajo de la Unops haya sustentado la “discutible” decisión del gobernador de inundar pueblos y entregar agua a León
El estudio que publicó la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops) es un endeble ejercicio para la toma de decisiones al ser contradictorio y presenta severas deficiencias, advierte el Observatorio Ciudadano para una Gestión Integral del Agua en Jalisco.
“¿Cómo es posible que es bajo las mismas condiciones de demandas actuales y de clima sea mejor el desempeño de la presa sacándole 7.5 metros cúbicos por segundo [escenario cinco, optado por el gobernador del estado] que 4.8 m3/s [escenario tres]?”, cuestiona el cuerpo colegiado en un desplegado publicado hoy.
“Con los antecedentes en los Decretos de 1995 y de 1997, así como los convenios y acuerdos de distribución de la cuenca del Río Verde, podemos señalar que en el de 1995 el volumen reservado anual era de 504 millones 576,200 m3 y para el decreto de 1997 se reducen a 401 millones 976 mil m3 anuales. De acuerdo al convenio del 2007, el volumen anual aprovechable era 208 millones 670,400 m3, dejando fuera al sector agropecuario y el volumen faltante de 43 por ciento lo pierde Jalisco. Esto demuestra que la presa solo privilegia a León, Guanajuato”, destaca el texto.
En el estudio “Jalisco Sostenible Cuenca Río Verde”, fueron identificados como ejes problemáticos “la opacidad en el manejo de la información, el cuestionamiento sobre el agua disponible en la cuenca del río Verde, así como la decisión de trasvasar aguas del río Verde a León, Guanajuato, la afectación a pobladores de Temacapulín, Acasico y Palmarejo. Además de avocarse solo a promover el desarrollo urbano sostenible, no ponderó los efectos e impactos del posible trasvase y de la construcción del acueducto, ni los impactos en el sector agropecuario […] tampoco consideró la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en la Controversia Constitucional 93/20122 que invalida el Convenio de 2007 y determina que la altura de la cortina no debe rebasar los 80 m y atribuye ‘la paralización de la obra por razones de índole presupuestaria”.
El observatorio celebra la postura del grupo político que lidera Enrique Alfaro y lamenta la insistencia del gobernador Aristóteles Sandoval.
Del estudio de la Unops, agrega, “sus resultados están basados en escenarios del modelo WEAP, que necesita como insumos datos de muy diversa índole: climatológicos, demográficos, agricultura, cambio climático, calidad del agua, demandas de agua, económicas, edafológicas, hidrológicas entre otros y los datos alimentados son de diferente calidad, periodos, escalas, algunos medidos, otros inferidos y otros supuestos. Muestra también que en las mediciones de los caudales han existido periodos de varios años sin datos; que en los aforos que realizaron […] no sustentan representatividad para un cálculo estadístico confiable; que toda la infraestructura de represamiento dentro de la cuenca fue diseñada sin obras de paso para caudales ambientales y que no habría un caudal ambiental en 11 años o más que estiman el llenado de la presa, provocando serios conflictos productivos y de equilibrio ambiental”.
Si se toman por cierto sus datos, “la precipitación efectiva anual en la cuenca varía entre 387 y 633 mm, mientras que la evapotranspiración es de 1040 a 2073 mm. Hablan de nodos de mantos subterráneos diagnosticados a través de imágenes satelitales, donde se estimaron los volúmenes de cada uno. Sin embargo, no se realizó medición de los mismos, ni cuentan con registro documentado de las muestras geológicas, ni el uso de métodos geofísicos modernos para conocer el perfil y las propiedades físicas de las diversas capas”. Así, “no es posible realizar un balance hídrico confiable”. Reitera las conclusiones: no es un trabajo confiable, no hay condiciones para el trasvase, y no se debe hacer una presa de más de 80 metros.