La sed de hierro, maldición de la Sierra de Manantlán Poseedora de 30%
De reservas probadas de hierro del país; la región y sus pueblos indios viven bajo presión de empresas transnacionales, organizaciones criminales y los gobiernos
La disputa por el hierro ha marcado profundamente la historia de la Sierra de Manantlán desde hace al menos medio siglo, pero en los últimos diez años, en que se ha globalizado la industria extractiva y los mercados emergentes demandan millones de toneladas para su crecimiento, la presión aumentó: hoy se ha dado una fuerte judicialización en la disputa por los recursos, una creciente violencia tanto ilegal como “institucional”, y la división interna de las comunidades. La ganancia suele ser de los pescadores.
En todo este problema, geográficamente enclavado más allá de los linderos de la reserva de la biosfera, que en marzo pasado cumplió 30 años de creada por un decreto del presidente Miguel de la Madrid Hurtado, la postura de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) ha sido de no involucrarse en el conflicto, en contraste con el papel activo en la zona de influencia que ostentó la administración de la reserva en las dos décadas previas.
Es una actitud que el investigador de la UdeG, Enrique Jardel Peláez, calificaba el pasado mes de mayo, una vez más, como “mentalidad de plaza sitiada” del sector oficial de áreas naturales protegidas, prevaleciente desde la administración de Vicente Fox Quesada; es decir, negarse a intervenir en conflictos afuera de los polígonos como si estos no terminaran alterando los propios procesos de conservación de las demarcaciones protegidas. Esa idea, que juzga estrecha, ha tenido un impacto acusadamente negativo tanto en la conservación de la naturaleza como en el desarrollo de los pueblos indios, cuyas luchas contra los madereros sustentaron el decreto en los años 70 y 80 del siglo XX.
El recurso legal más importante interpuesto en todo este tiempo en el conflicto minero de Manantlán es el juicio de amparo 462/2013 por parte de ejidatarios y autoridades de Ayotitlán, el mayor poblado nahua de la sierra. La suerte variopinta de ese expediente ilustra en cierto modo los vaivenes de la fortuna del núcleo agrario: hace dos años, ese expediente derivó en una suspensión de amplios alcances otorgada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa y del Trabajo de Guadalajara, en el marco del expediente de revisión 231/2013.
La suspensión fue emitida “contra los efectos y consecuencias” de actos de la Secretaría de Economía, división de minas y de concesiones; de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y de los gobiernos municipales de Minatitlán, Colima, y Cuautitlán, Jalisco, y en consecuencia, se suspendían efectos de las concesiones mineras, su inscripción, la emisión de permisos ambien- tales (indispensables para los aprovechamientos) tanto en el tema de la extracción mineral y del uso del agua, y los permisos de construcción y de operación de instalaciones mineras en una superficie de 1,200 hectáreas que forman parte del plano definitivo del ejido Ayotitlán.
La premisa jurídica es que el yacimiento ferroso que explota Peña Colorada, que tiene escrituras otorgadas por el gobierno de Colima en años recientes, se sobrepone a la superficie de dotación del ejido, que tanto por ser primero en tiempo, como por la imprescriptibilidad de los derechos agrarios que rige en México, tendría mejor derecho. Esto envalentonó a los indígenas y obligó a la transnacional minera, subsidiaria de los gigantes Mittal Steel e Hylsa Ternium, a sentarse a negociar en Guadalajara con las autoridades ejidales presididas por Ernestino Ciprian, y el núcleo de asesores que encabeza el Instituto de Derecho Ambiental (Idea).
Se exigió al consorcio que un acuerdo justo, e incluso, la demanda llegó a poner cifras: 20 por ciento del valor del mineral extraído. Los asistentes de Peña Colorada escucharon pero no respondieron. La impaciencia ganó. Los críticos del grupo que promueve el amparo, encabezados por Gaudencio Mancilla, del consejo de ancianos, y sus asesores de la Unidad de Apoyo a Comunidades Indígenas de la UdeG, han descalificado al despacho Idea por haber permitido que el asunto se desbordara. Lo cierto es que los ejidatarios decidieron ejecutar por su cuenta la suspensión que caminaba con exasperante lentitud en el quieto mar de la burocracia.
El 22 de julio de 2015, un grupo de campesinos acudieron a las puertas de la mina a exigir el cumplimiento de la suspensión. Todo terminó en un zafarrancho, al intervenir violentamente la policía de Colima luego de un supuesto acuerdo de la empresa con la representación ejidal. Al anochecer, ingresaron al penal de la capital colimense, con golpes
La postura de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas ha sido de no involucrarse