Vigilados y sin agua en Nuevo Temaca
Documenta violaciones a derechos humanos por la presa El Zapotillo
Vecinos del Río Verde, y de la inconclusa mole que es la presa El Zapotillo –causa de su exilio-, los habitantes del Nuevo Temaca sufren una cruel paradoja: no tienen agua. Los desplazados del poblado Palmarejo al árido predio de Talicoyunque reciben el líquido a tandas.
Éste es uno de los atentados más graves que documenta el Informe de Violaciones a Derechos Humanos de Temacapulín, Acasico y Palmarejo realizado por el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A.C. (IMDEC), presentado ayer en Guadalajara, ante medios de comunicación, habitantes y activistas.
“En Palmarejo los han desalojado de su comunidad y los han mandado al predio denominado Talicoyunque. Esta gente vive en condiciones en donde han perdido lo que significa vivir en una comunidad, en libertad. Tienen vigilancia las 24 horas, en una especie de nuevo fraccionamiento… y lo más grave es que no tienen agua… A ellos los dotan cada tercer día y tienen agua por dos horas”, resaltó María González, coordinadora del IMDEC.
El acceso a Nuevo Temaca es controlado con una caseta de vigilancia y hay permanentemente guardias de seguridad, quienes evitan el paso a ‘gente ajena’, prohíben la realización de fiestas en las viviendas –no obstante el carácter de privadasy encima cuentan con llaves de todas las casas, según testimonios recabados por la organización, que incluyen la denuncia de un vecino por desaparición de herramienta… de un cuarto bajo llave.
Esta seguridad privada ha significado una erogación de 6 millones de pesos a la fecha, para un pequeño fraccionamiento de 35 casas desolado: hoy solamente lo habitan ocho familias.
Palmarejo, ya es sabido, quedó desierto y obligaron a la población a derribar sus casas, anulando cualquier posibilidad de retorno.
“Otra cosa que nos parece muy grave es que ellos (los vecinos de Nuevo Temaca) no tienen tierras. Les han dado una casa, pero no les han ofrecido modos de subsistencia, cuando estamos hablando de pueblos campesinos”, expuso la titular del IMDEC, tras referir que la ONU exige garantizar el sustento entre los derechos fundamentales de personas desplazadas o desalojadas.
Los reubicados no solo carecen de tierra para sembrar, sino de certeza jurídica sobre las modernas casas que habitan: Sólo un papel de permuta –según respuesta de la Comisión Estatal del Agua (CEA), a través de solicitud de transparencia- respalda su traslado.
“El gobierno de Jalisco, la Comisión Estatal del Agua, junto con la Conagua ha tratado de manera diferenciada a cada comunidad”, lamentó.
En Acasico, por ejemplo, se documenta el mayor despilfarro económico. La construcción de un nuevo poblado se ha incrementado diez veces su costo. Su costo original era de 70 millones de pesos y a la fecha va en 540 millones de pesos. “Nos parece que es sumamente desproporcionado”, dijo.
Para resolver la reubicación de los vecinos de Acasico, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) otorgó un contrato millonario a la empresa México Sustentable. No tuvo éxito. “La gente de Acasico vive en Acasico. No les han pagado, las obras están totalmente paralizadas”.
Además de visibilizar las irregularidades y la violación sistemática a derechos humanos que se ha cometido en contra de habitantes de los tres poblados, el informe expone nuevas amenazas e intimidaciones.
“En el caso de Temacapulín, el pueblo que ha puesto mayor resistencia, los que podemos constatar es que las amenazas por posible desplazamiento van mucho más cercanas hacia una posible expropiación”, apuntó la activista.
González admitió el riesgo de que un decreto presidencial, asociado a la expropiación, permita derogar el fallo que mantiene frenada la construcción de la cortina de la presa El Zapotillo a 105 metros; pero aun así “hay posibilidad jurídica de resistencia”, dijo.
Otra estrategia de presión son las declaraciones realizadas por el director de la CEA, Felipe Tito Lugo, la semana pasada. El funcionario presumió que 90 por ciento de los habitantes de Temacapulín ya aceptaron reubicarse, luego del anuncio del gobernador Aristóteles Sandoval sobre el resultado del polémico estudio de la Unops.
“Es falso”, sostiene María González. El “80 por ciento continúan firmes en su decisión de no ser reubicados en ningún lado”.
Los vecinos presentes suscribieron este dicho y tres de ellos, dieron testimonio de su inconformidad y el acoso recibido. Otros líderes hablaron del tema. Finalmente, rechazaron el comando que ofreció el gobernador enviar a Temacapulín. Dudan de su intención de desplazarlos con respeto a sus derechos humanos.