Se amparan empresarios de Villa Panamericana
Se investiga un presunto desvío de 700 mdp en la ejecución del proyecto hecho sobre 6.5 hectáreas El 7 de agosto Fiscalía y el IJCF realizaron una diligencia en El Bajío como parte de la averiguación En 2015 Francisco Cornejo de Grupo Corey, en una carta,
Los dueños de la constructora que edificó la Villa Panamericana, promovieron un juicio de garantía para no ser detenidos y procesados por el presunto desvío de 700 millones de pesos.
Los involucrados son los hermanos Héctor Francisco y Mario, ambos de apellidos Cornejo Reynoso. El amparo fue promovido en el Juzgado Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal del Estado de Jalisco, y quedó registrado bajo el expediente 1321/2017, y un acumulado en el mismo juzgado, mismo con el número 1322/2017.
El juicio de garantías es en contra de cualquier orden de aprehensión dictada por cualquiera de los 16 jueces del fuero común del estado de Jalisco.
Hasta el momento se desconoce la fecha que fijó el juzgador para la realización de la audiencia constitucional.
Apenas el pasado 7 de agosto, elementos de la Fiscalía General del Estado y del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) acudieron a la Villa Panamericana para llevar a cabo una diligencia como parte de la averiguación 3791/2015 por posible fraude y desviación de recursos públicos.
En esa ocasión el fiscal general, Eduardo Almaguer detalló que los guardias de seguridad no permitieron el ingreso al agente del Ministerio Público ni a personal del IJCF, por lo que procedieron a asegurar el inmueble.
“Se están llevando a cabo diligencias en las Villas Panamericanas, mismas que se requieren para seguir integrando la averiguación que se presentó por el posible fraude y desviación de recursos públicos, y toda vez de que al pretender realizarse una diligencia los guardias de seguridad de la misma no permitieron el ingreso del agente del Ministerio Público ni de los peritos forenses, es el que se asegura el inmueble mientras dura esta diligencia que será aproximadamente 48 horas”, detalló Almaguer ese día.
Esta acción se derivó porque desde 2015 la Fiscalía General recibió una “denuncia de hechos” por el presunto desvío de alrededor de 700 millones de pesos en la edificación de la Villa.
Desde la conclusión de los Juegos Panamericanos, los inversionistas privados intentaron comercializar como viviendas los departamentos de la Villa, pero se encontraron con la oposición de autoridades municipales y ambientalistas.
En febrero de 2015, el empresario y directivo de Grupo Corey, Francisco Cornejo, publicó una carta abierta dirigida al presidente Enrique Peña en la que exigió resolver los conflictos que mantenían sin uso a la Villa.
“Señor Presidente, la falta de solución al conflicto de la Villa, con el irresponsable argumento de que es un problema heredado de la administración anterior manda un mensaje muy negativo a inversiones nacionales y extranjeras por la incertidumbre que genera. Usted ha manifestado diversas ocasiones que en nuestro País debe prevalecer el Estado de Derecho, y en Jalisco, éste es lastimosamente quebrantado con el secuestro de la Villa a la que las autoridades estatales han convertido en un auténtico elefante blanco”.
En su escrito, Cornejo acusó que además de afectar a las finanzas del corporativo que representaba, la no venta de las unidades habitacionales afectaba al erario estatal, de donde salieron recursos para construir el complejo.
“La parálisis de este inmueble representa una flagrante violación al Estado de Derecho y un despilfarro del dinero público invertido para su edificación”, afirmó Francisco Cornejo en esa carta abierta de 2015.
La Villa, que sigue sin uso, comprende 650 departamentos que en conjunto ocupan 6.5 hectáreas en El Bajío, en Zapopan.
Su costo fue superior a los mil 400 millones de pesos, 587 aportados por la entonces inmobiliaria estatal Iprovipe; 340 millones por Pensiones del Estado, y el resto por inversionistas privados.