Nuevo modelo de designaciones públicas
La historia de designaciones públicas a manos del Congreso del Estado no ha estado en la tesitura que hoy se encuentra: elegir entre lo mejor para integrar al grupo de nueve personas que serán la Comisión de Selección de aquellos y aquellas que serán el Comité de Participación Social del Sistema Anticorrupción del Estado de Jalisco (SAEJ). Vaya reto para diputadas y diputados, pues en quienes están apuntados como aspirantes está la mirada acuciosa de universidades públicas y privadas, organizaciones sociales y empresariales, así como medios de comunicación. Ahora sí, se volcó la sociedad sobre el Congreso, sobre la representación popular.
Estamos ante los orígenes de un sistema, complejo en su diseño y andamiaje jurídico, para romper desde dentro otro sistema que con años ha hecho de la corrupción con todos sus rostros y modalidades un estilo de vida basado en complicidades en la conducción de lo público, en la toma de decisiones.
El SAEJ, como el nacional, recurre a la participación social-ciudadana para darle legitimidad. Es un esquema de alianza sociedad-gobierno, pues se pondrá en manos de un grupo de personas (Comité de Participación Social) la conducción de las políticas y acciones contra corrupción en aquellas instituciones que desde su campo deben concurrir para tal fin: Órganos de Control Interno, Auditorías Superiores, poderes públicos, Organismos de Transparencia y fiscalías.
La Comisión de Selección, llamada también “Comisión de Notables”, será quien designe a quienes formen el Comité de Participación Social, y abierta está la puerta para que con adecuaciones legales, este comité también sea quien valore y evalúe los perfiles, y proponga al Congreso del Estado quién sería el Fiscal Anticorrupción.
Si el Congreso del Estado da este paso, facultar a la Comisión de Selección para la valuación y evaluación de perfiles de Fiscal Anticorrupción, e incluso de magistrados de la sala especializada en la materia para el Tribunal de Justicia Administrativa, daría un paso más fuerte y de vanguardia a escala nacional.
En otras palabras, estamos ante la posibilidad de modificar el proceso de designaciones públicas. Que estas no se queden solo en selección de ciudadanos entre ciudadanos, sino que éstos incidan mediante la valuación y evaluación en la toma de decisiones que le competen al Congreso: integrar órganos de Estado.