Alistan plan vs impunidad en penales
La Comisión Nacional de Seguridad instaló un comité que generará información sobre las condiciones que guardan los 222 mil reos en el país, datos que servirán para que dependencias federales y estatales desarrollen políticas y mejoren las condiciones de vida de los internos para evitar motines o autogobiernos.
Como parte de esta estrategia, hace unos días, Mikel Arriola, director del Instituto Mexicano del Seguro Social y un equipo de médicos visitaron el Cefereso 16, donde por una semana los galenos atendieron a 245 enfermas, entre internas y personal administrativo, donde se previno cáncer de mama y otras enfermedades.
Renato Sales, titular de la comisión, presidió la instalación del Comité Técnico Especializado de Información del Sistema Penitenciario, con el cual se pretende, por ejemplo, que los reos que no cursaron educación básica y media superior, empiecen sus estudios a través del apoyo de la SEP. El objetivo, explicó Sales, es que las distintas dependencias federales y estatales tendrán que vincularse para generar al interior de las cárceles condiciones de vida dignas, que permitan evitar motines, autocontrol delincuencial o autogobiernos. “Y la única manera es relacionar a las distintas secretarías”, dijo.
En la instalación del comité, participa el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, organismo que colaborará para medir “lo que no está medido” y verificar lo que no está funcionado para que las autoridades lo arreglen.
El comisionado aclaró que no parten de cero, porque se cuenta con mecanismos de información, como el cuaderno mensual de estadística nacional, además de la Encuesta Nacional Población Privada de su Libertad.
Se le preguntó si con el comité se hará una revisión más minuciosa en las cárceles y respondió: “Exactamente, no solo una revisión más minuciosa, sino también obtener los datos que necesarios para tomar decisiones; si advertimos que un cierto porcentaje nada más concluyó la educación primaria, con quién debemos vincularnos para que puedan las personas privadas de su libertad tener acceso a la educación secundaria y preparatoria, con la SEP”.