Milenio Jalisco

Radiografí­a de un fraude

- HÉCTOR AGUILAR CAMÍN hector.aguilarcam­in@milenio.com

El primero de los tres reportajes de “La estafa maestra” a que me referí ayer en este espacio da cuenta de la asignación ilegal, en los años 2013 y 2014, de 7 mil 760 millones de pesos a universida­des públicas y la desaparici­ón de 3 mil 433. (Mil seis millones se quedaron las universida­des como comisión). (https://contralaco­rrupcion.mx/ web/estafamaes­tra/)

Los otros dos reportajes se refieren a las dependenci­as estelares en la estafa: la Secretaría de Desarrollo Social, que asignó convenios por 2 mil 224 millones, y Petróleos Mexicanos, por 3 mil 567.

Pero otras nueve dependenci­as del gobierno federal usaron el mismo mecanismo, sugiriendo que se trata de un mecanismo sistemátic­o, más que de una ocurrencia incidental.

En 2013 y 2014, Banobras hizo convenios con universida­des por 491 millones de pesos; el Registro Agrario Nacional, por 447 millones; la SEP, por 278; el Fovissste y Superissst­e, por 249; el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimen­taria, por 138; el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, por 97; la Secretaría de Economía, por 96; la Secretaría de Comunicaci­ones y Transporte­s, por 52, y la Secretaría de Agricultur­a por 19 millones.

Las universida­des involucrad­as son la Autónoma del Estado de México y su Fondo de Fomento y Desarrollo de la Investigac­ión Científica y Tecnológic­a (Fondict), la Autónoma del Estado de Morelos, la Autónoma del Carmen (Campeche), y las tabasqueña­s Popular de la Chontalpa, Juárez Autónoma, Politécnic­a del Golfo de México, Instituto Superior de Comalcalco y Tecnológic­a de ese estado.

El traslado de dinero por convenio a universida­des, y de éstas a las empresas en cuyas sombras desapareci­ó más de la mitad de lo asignado, se hizo burlando una disposició­n de la Ley de Adquisicio­nes del gobierno federal, que permite a las universida­des públicas celebrar convenios de prestación de servicios y subcontrat­arlos siempre que la propia universida­d cumpla con 51% de los servicios convenidos (Art. 4º del reglamento de la Ley de Adquisicio­nes).

No ha sido así en ninguno de los casos denunciado­s por “La estafa maestra” y esa es la razón, junto con la desaparici­ón de los recursos, por la que el titular de la Auditoría Superior de la Federación llama a esto simplement­e un fraude.

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