El Congreso saca las manos de fiscalización
Además aprobaron las reformas a la ley de Fiscalización y a la ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa
En sesión nocturna reformaron Código Penal y ley de Responsabilidades
Los diputados de Jalisco ya no podrán tener participación en los procesos de fiscalización de cuentas públicas en la entidad y dicha tarea sólo recaerá en la Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ). Además, el Comité de Participación Social intervendrá en la designación del auditor superior de la entidad.
Dichos puntos fueron votados en la reforma que expide la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas, misma que abroga la Ley de Fiscalización Superior y Auditoría Pública de la entidad. El diputado Hugo René Ruiz Esparza, presidente de la Comisión de Vigilancia, explicó cómo el Poder Legislativo ya no tendrá participación en dichos proceso.
“El Poder Legislativo saca las manos totalmente del proceso de fiscalización como deber de ser. Es un tema que queda ahora totalmente en el órgano técnico y de gestión de autonomía que tiene la propia Auditoría Superior del Estado. Nosotros solamente recibimos los informes generales que manda”, expuso.
A partir del primero de enero de 2018, las cuentas públicas que se comiencen a generar ya no pasarán por el Congreso a través de la revisión de los dictámenes. Por tal razón, aquellas cuentas generadas en el resto del 2017 se manejarán bajo el actual modelo.
“Las responsabilidades administrativas graves tendrán que ser calificadas por el Tribunal de Justicia Administrativa y es el que también deberá determinar los créditos fiscales ahora. En consecuencia, ante él se deberá tener una segunda instancia. La Auditoría finca un informe y a ese informe se la va a fincar un crédito fiscal derivado ya de un proceso en el Tribunal de Justicia Administrativa”, agregó el diputado.
Durante la noche de ayer se aprobaron cuatro reformas: la reforma a la ley de Fiscalización, la reforma a la ley Orgánica de Tribunal de Justicia Administrativa, del Código Penal y la ley de Responsabilidades. Se quedó pendiente la aprobación de la ley orgánica de la Fiscalía General que contempla una Fiscalía independiente y autónoma y la ley Orgánica del Poder Ejecutivo que contempla fortalecer a la Contraloría y la creación de la Secretaría de Seguridad Pública.
El presidente de la mesa directiva, Ismael del Toro, convocó a sesión extraordinaria para el siguiente lunes a las 13:00 horas donde se dará continuidad a la aprobación de reformas secundarias y la toma de protesta de la Comisión de Selección. La sesión concluyó la noche del jueves, a las 23:00 horas.
En cuanto a la reforma al Código Penal se cambió de nombre el apartado de delitos por hechos de corrupción en el que entre otras cosas se contempla sancionar a funcionarios públicos, pero también a “particulares” que intervengan en un acto de corrupción.
Por ejemplo, se contempla que un funcionario sea inhabilitado de uno hasta diez años “cuando no exista daño o perjuicio o cuando el monto de la afectación o beneficio obtenido por la comisión del delito no exceda de 200 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización”. A un particular se le sancionará con inhabilitación para “participar en adquisiciones, arrendamientos, concesiones, servicios u obras públicas”.
De igual forma es creado el delito de Ocultamiento o Falsificación de rendimiento y tráfico de influencias, el cual consiste en que el particular oculte o falsee información respecto a rendimientos o beneficios que obtenga a fin de obtener un beneficio.
Escogen a notables
El Congreso designó a los nueve integrantes de la Comisión de Selección que forma parte del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), la que elegirá al Comité de Participación Social con el objetivo de que los diputados no sean los encargados de conformar dicho comité que participará en el proceso para elegir al Fiscal Anticorrupción.
Este órgano es compuesto por nueve personas: cinco de ellos representan a instituciones educativas y cuatro más a la sociedad civil. Su cargo durará tres años y no recibirán sueldo.
Al finalizar el proceso de selección, dos aspirantes a integrarla se manifestaron en el pleno del Congreso de Jalisco. Se trata de Jorge Carlos Ruiz Moreno y Waldo Getsemani Ibarra Reyna, ambos fueron impulsados por la Contraloría Ciudadana Independiente. Cuestionaron a los integrantes que representan a la Cámara Nacional de Comercio y el Consejo Agropecuario.