Senadores insisten en no proteger ANP de minería
La Comisión de Medio Ambiente del Senado de la república se hay empeñado en no incluir en la iniciativa de nueva Ley General de Biodiversidad la prohibición expresa de permitir actividades de extracción minera en el interior de las áreas naturales protegidas, amenazadas en la actualidad por la existencia de concesiones federales que podrían intentar materializar en el corto plazo, los concesionarios nacionales y extranjeros, destacan en una misiva a cinco grupos parlamentarios, dos asociaciones civiles y diez de los más notables científicos y activistas mexicanos en el tema.
“Consideramos que hay varias omisiones que en su momento se han señalado […] no se establece la prohibición para la realización de de actividades mineras en las áreas naturales protegidas [ANP], ni siquiera en las zonas núcleo. Lo anterior resulta incomprensible y regresivo si se considera que en la legislación en materia energética se ha establecido expresamente la prohibición de desarrollar actividades para la exploración de hidrocarburos en las áreas naturales protegidas”, señalan en una carta de cinco páginas el Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza, asociación civil; Natura y Ecosistemas Mexicanos, AC, así como los científicos, ex funcionarios y activistas Antonio Azuela de la Cueva, Julia Carabias Lillo, Miguel Ángel Cancino, Gonzalo Chapela, Roberto de la Maza Hernández, Luis Fueyo Mac Donald, Germán Gozmnález Dávila, Alejandra Rabasa Salinas, Anaid Velasco y Norma Sandoval Gómez.
Advierten la necesidad de reconocer la importancia de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), “que se ha insistido debería ser creada por mandato de ley […] frente a la evidencia de las amenazas que enfrentan las ANP y el grave déficit presupuestario y de recursos humanos con el cual opera desde su creación; existen razones de fondo para que los legisladores comprometidos tuvieran interés en fortalecer esta institución clave para la biodiversidad”, caso similar a la creación del consejo consultivos de ANP.
Otro aspecto esencial que la iniciativa ha omitido es el establecimiento del principio precautorio o in dubio pro natura, pese a que el derecho ambiental internacional lo utiliza ampliamente y es “no solamente necesario para lograr la protección del medio ambiente y la biodiversidad, sino una obligación de derecho internacional para los estados que deben garantizar, para sus ciudadanos, el ejercicio del derecho humano a un medio ambiente sano y los derechos humanos dependientes del mismo, como son el derecho a la salud, al agua y a una calidad de vida digna”.
Al igual que en el caso de la Ley Forestal, las iniciativas de la comisión senatorial que preside Ninfa Salinas Sada han generado controversia entre las organizaciones sociales y de productores, que ven amenazados otros aspectos como la producción forestal comunitaria. Los firmantes de la carta destacan también errores de forma y descuidos elementales de las iniciativa que se supone habían sido reformadas en marzo de 2017 como fruto de una primera andanada de consultas, tras pretenderse imponer la nueva ley sin discusiones.