Los huicholes movilizarán a un millar para protegerse
Hace un año hubo una respuesta agresiva de parte de los ganaderos de Nayarit La Sedatu se niega a mediar argumentando que no tiene recursos para indemnizar
La comunidad wixárika de Wuaut+a-Kuruxi Manuwe (San Sebastián Teponahuaxtlán y Tuxpan de Bolaños) espera que los gobiernos federal y de los estados de Nayarit y Jalisco, garanticen la paz en la ejecución de la nueva sentencia de los tribunales agrarios para la restitución de predios que les fueron titulados desde la época colonial, y a últimas décadas, están en posesión de ganaderos de Huajimic.
Pero ante la duda, con la mala experiencia de hace un año y la violencia más reciente contra algunos líderes locales, asesinados en mayo pasado, han decidido protegerse: mil comuneros asistirán al acto judicial en tierras hostiles, este viernes, 22 de septiembre, tras una caminata de siete kilómetros, aunque el presidente comunal, Santos Hernández Bautista, previene que no irán armados.
Los integrantes del comisariado visitaron ayer Guadalajara para correr todas las notificaciones que hagan falta. “Irán comuneros de 35 localidades que tiene San Sebastián, se van a mover 1,050 comuneros […] fuimos con el fiscal, ya sabe el Tribunal Unitario Agrario [TUA], ya sabe la Secretaría Agraria [sic], desde el 30 de agosto, Asuntos Agrarios; ya está todo en orden con el gobierno federal, para que haya guardia, para que haya vigilancia…”.
- ¿Se hizo también esa notifi-
La autoridad comunal advierte que los ganaderos se están armando, por lo que esperan haya policías para la acción judicial
cación con el gobierno nayarita?
- Bueno, el gobierno del estado de Jalisco le comenta todo a Nayarit, al tribunal agrario, que tiene que informarle a su propio gobierno, para que puedan venir; nosotros el 21 vamos a estar en el tribunal 56, en Nayarit, y el 22 ya arrancamos a la sierra, la hora ya está, es nomas que nos digan cómo nos van a proteger, para no tener problemas.
- ¿Hay algún diálogo y acuerdos con los ganaderos de Huajimic?
- El diálogo lo tuvimos el 17 de julio, y pues estaban de acuerdo -no sé porque ahí hay un escrito que dice que van a deshacer la ejecución-, por eso no vamos a detenernos; la comunidad tiene ganas, y va a actuar de acuerdo a lo que dijo la asamblea y el tribunal agrario; ellos se comprometieron, la comisión de propietarios de Huajimic, dijeron que iban a tener una reunión con su gente; eran cinco comisionados: Nacho Gamboa, Édgar Ramírez, Otoniel Sandoval, Enedina Villagrana y Lucio Gamboa; se hizo una reunión con ellos en Mesa del Tirador, a las 10:00 de la mañana de ese día, e hicimos un diálogo y una minuta de trabajo, pero parece que ellos no cumplieron, pero ya están notificados que sí se va a realizar la ejecución el 22 de septiembre.
- ¿Podrían suscitarse molestias como hace un año?
Sí, yo pienso que sí se van a molestar, ahorita ellos se quieren armar, ya en el rancho les están llegando armados; nos quieren asustar, por eso tenemos que hablar al gobierno para que nos proteja en la ejecución; si nos dejan así pienso que la misma comunidad va a tener su propia guardia […] no llevamos armas, pero la comunidad tiene su propia guardia.
El dirigente destaca que es obligación de las autoridades garantizar la seguridad en una ejecución judicial, pero en septiembre de 2016, no hubo fuerzas estatales ni federales en el potrero restituido, y solo policías municipales de La Yesca, Nayarit, como espectadores de la furia contenida de decenas de ganaderos que impidieron, por más de cinco horas, la salida del personal judicial, y un grupo de periodistas a los que no se impidió moverse… pero a pie. Fue justamente el fiscal nayarita, hoy encarcelado y bajo juicio por delitos contra la salud y crimen organizado en una corte de Estados Unidos, Édgar Veytia, quien debió apersonarse en la sierra para ordenar que el bloqueo fuera levantado, la noche del 22 de septiembre de 2016. La siguiente semana fue de acoso a los huicholes que estaban en campamento, y posteriormente, un diálogo que no dio frutos, pues la Secretaría de Desarrollo Agrario (Sedatu) se ha negado a intervenir para conciliar el conflicto bajo el argumento de que no tiene recursos para indemnizar a los posesionarios.