PIDEN HUICHOLES SANCIÓN A NAYARIT
Abrir procedimiento a gobernador por omisión en seguridad
La comunidad indígena de Wuaut+a (San Sebastián Teponahuaxtlán), solicitó al magistrado Aldo Saúl Muñoz López, del Tribunal Unitario Agrario número 56, de Tepic, abrir procedimiento por responsabilidad administrativa y penal contra el gobernador de Nayarit, Antonio Echevarría García; el secretario general de gobierno, Jorge Aníbal Montenegro Ibarra, y la Fiscalía General (cuya designación de titular está pendiente), por omisiones en otorgar seguridad al personal del propio tribunal, lo que impidió que este llevara a efecto la ejecución de la sentencia del juicio 1472/2012 a favor de la comunidad wixárika con cabecera en Jalisco.
En voz de su abogado defensor, Carlos González, señalaron además a esos funcionarios como responsables de los eventuales brotes de violencia que se susciten en la sierra, dado que al no arribar el magistrado a cumplir la sentencia, se quedaron esperando en el sitio de la ejecución judicial, alrededor de 1,200 comuneros que bajaron desde temprano, el viernes 22 de septiembre, a pie, de la comunidad de Ocota de la Sierra, quienes se declararon en “asamblea permanente”, decididos a no dejar la zona mientras no se cumpla con la entrega formal del terreno de 63.7 hectáreas.
El problema es que los ganaderos, principales afectados por las restituciones - ya que son los posesionarios de las más de 10 mil ha que ha reclamado la comunidad huichola con base en sus títulos virreinales de 1718-, también se han movilizado, y desde la tarde previa ya habían establecido bloqueos de caminos para impedir que se pudiera dar el cumplimiento de la sentencia.
Al asesor de Wuaut+a le parece que el bloqueo del camino hacia Huajimic, fue algo posiblemente pactado entre los pequeños propietarios y las autoridades de ese estado.
San Sebastián está haciendo el ejercicio de sus derechos, está actuando dentro de la vía legal, está acudiendo a los tribunales competentes que son los tribunales agrarios para que les reconozcan sus derechos y les restituyan las tierras que les fueron en su momento invadidas; nosotros vamos a seguir en esa vía, quienes están actuando al margen del derecho son los ganaderos de Huajimic, hoy obstruyeron una vía para evitar que el tribunal agrario cumpliera con su función; y desgraciadamente, hay que decirlo, también son las autoridades de gobierno, principalmente las de Nayarit, que no están acatando las órdenes que el tribunal agrario les está dando para acordar seguridad en la ejecución de estas sentencias”, señaló Carlos González.
“Esta es una decisión de no aplicar el derecho en detrimento de una comunidad indígena […] da tristeza lo que pasa en este país, las comunidades indígenas están siendo despojadas y violentadas de manera legal e ilegal, el Estado de derecho no funciona, no existe, y hay una grave vulneración de garantías constitucionales y de derechos colectivos […] por eso, manifesté en nombre de San Sebastián, que solicitamos se finquen responsabilidades administrativas y penales contra el gobernador, el secretario, el fiscal y el director de seguridad pública del ayuntamiento de La Yesca”, añadió.
Exhibió copias de los oficios que emitió el magistrado con la orden de brindar seguridad a la misión en la sierra. “En la audiencia del 24 agosto, el magistrado ordenó mediante oficio se requirieran a esas autoridades para ejecutar la sentencia del juicio 1472/2012, obran los oficios en el expediente […] incluso ayer, en una reunión en oficinas del TUA 56, el secretario de Gobierno, y funcionarios de La Yesca, garantizaron la seguridad pública municipal y estatal. Sin embargo, hacemos patente la ausencia absoluta de seguridad pública en desacato de la orden judicial por esas autoridades. Esto, en términos
de leyes locales y federal implica faltas administrativas y penales sancionables con cárcel, y por eso solicitamos al magistrado que les finque responsabilidades”, insistió.
Consideró que la presencia de indígenas es normal porque buscan respaldar a su comisariado de bienes comunales. “Ellos bajaron para auxiliar al comisariado en la entrega de las tierras; empezaron a caminar desde el 21 de septiembre en la mañana, supimos que había bloqueos hasta en la tarde porque al comisariado de bienes comunales ya no se le permitió pasar por Huajimic, y tuvo que dar toda la vuelta hasta Guadalajara”. Al ser una comunidad propietaria de 240 mil hectáreas, es “un territorio vastísimo y es complicado establecer la comunicación”, pues se trata además de una serranía con deficiente infraestructura, lo que explica su relativo aislamiento.
No obstante, el abogado también ve una clara responsabilidad del gobierno federal en la creciente tensión en la zona. “Ha sido omiso en atender la resolución de este conflicto de manera conciliada; se les ha solicitado una y 100 veces. El pasado 12 de julio, dos camiones con comuneros fueron a la Ciudad de México, junto con sus autoridades agrarias y tradicionales; visitaron el Senado de la república, la Sedatu [Secretaría de Desarrollo Agrario], que es responsable del programa de conciliación [Cosomer, Con- flictos Sociales en Medio Rural]; quedó agendada una reunión en agosto que nos cancelaron por Sedatu un día antes, informaron que no tenían integrado un solo expediente”.
Los legisladores “nos dijeron que iban a estudiar el caso. Hay n punto de acuerdo aprobado en febrero de este año, una propuesta de diputados de Jalisco para aprobar partida presupuestal, pero de ahí a una determinación para aprobar o etiquetar recursos fiscales, nada. Es claro que el gobierno federal tiene directa responsabilidad si llega a darse alguna situación de violencia”.
Hoy por la mañana, los abogados de Wuaut+a esperan fijar con el magistrado nueva fecha y hora para la ejecución de la sentencia, “estoy solicitando la intervención de seguridad pública del estado y la federal, y que se les aperciba que si no hacen caso, se les impongan sanciones administrativas y penales; también pedimos apercibir a los ciudadanos de Huajimic para que no obstruyan la impartición de justicia, porque ustedes han visto, bloquearon una vía pública con la intención clara de impedir la ejecución de una sentencia, lo que entraña una violación del orden constitucional y en el caso de las comunidades indígenas, de convenios y tratados internacionales como el 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que entre sus artículos 13 a 17 garantiza el acceso a la tierra de los pueblos originarios”, puntualizó.