Lanza PRI plan fuera de los tiempos legales
El INE alerta sobre los riesgos que implican el financiamiento privado
La dirigencia nacional del PRI y sus grupos parlamentarios propusieron una reforma constitucional para reducir a cero el financiamiento público de los partidos y desaparecer la figura de legisladores plurinominales, con el fin de generar en 2018 un ahorro de casi 20 mil millones de pesos para destinarlos a los damnificados por los sismos y a la reconstrucción nacional.
El Comité Ejecutivo Nacional del PAN y sus coordinadores en la Cámara de Diputados, Marko Cortés, y en el Senado, Fernando Herrera, se adjudicaron la propuesta y acusaron al PRI de lucrar políticamente con la tragedia.
Andrés Manuel López Obrador, líder de Morena, confirmó la apertura del fideicomiso 73803 (“Por los Demás”) para depositar los 103 millones de pesos que su partido aportará a los afectados por los sismos del 7 y 19 de septiembre.
Los consejeros electorales Ciro Murayama y Jaime Rivera alertaron sobre los riesgos del financiamiento privado a los partidos y subrayaron que no es tiempo de improvisar, sino de organizar las elecciones con los mecanismos previstos.
Murayama señaló que el artículo 105 constitucional prohíbe la modificación de las reglas desde 90 días antes del comienzo del proceso electoral, actualmente en marcha, mientras Rivera pidió evitar el uso de las prerrogativas como dádivas con interés político.
En rueda de prensa en el Palacio de San Lázaro, el presidente del PRI, Enrique Ochoa, emplazó a las otras fuerzas políticas a respaldar la reforma constitucional para reducir el dinero público para los partidos y poner esos recursos a disposición de la población afectada por los terremotos.
Más tarde, Ochoa entregó al Instituto Nacional Electoral (INE) un oficio para notificar la renuncia del PRI a los 258 millones de pesos de sus prerrogativas correspondientes al último trimestre de este año.
Precisó que la supresión del financiamiento público a los partidos representaría en 2018 más de 6 mil 800 millones de pesos, lo cual se sumaría a casi mil millones por la renuncia de las fuerzas políticas a los recursos restantes en 2017 y los 11 mil 600 millones de ahorro por la desaparición de 64 senadores, 200 diputados y 438 legisladores locales plurinominales.
En el Senado, los perredistas Luis Sánchez y Angélica de la Peña, así como el independiente Armando Ríos Piter y el panista Roberto Gil advirtieron que eliminar el financiamiento público puede ser populista y riesgoso, pues no solo debilitaría a los partidos, sino que podría allanar el acceso a “dinero oscuro” de la delincuencia y los poderes fácticos.m