Tribunal requiere a Jalisco para ejecutar una restitución
El Tribunal Unitario Agrario número 56, de Tepic, Nayarit, determinó ayer requerir a autoridades de los tres ámbitos de gobierno, incluido del estado de Jalisco, para que “proporcionen elementos de seguridad pública que garanticen la integridad física” del segundo intento de ejecutar el predio La Piedra Bola, posesionado por Herlinda Montoya Ultreras, el cual se realizará el próximo 20 de octubre en el cañón de Huajimic, Nayarit.
El acuerdo se emitió por la tarde, tras la demanda de la defensa de la comunidad indígena wixárika de San Sebastián Teponahuaxtlán (Wuaut+a) de que se garantice la posibilidad de materializar la sentencia del expediente 1472/2012, cuya ejecución del pasado 22 de septiembre fue obstruida por un bloqueo de caminos de los ganaderos de Huajimic, ante la molestia de los comuneros, mil de los cuales bajaron esa misma mañana, tras cuatro horas a pie, al predio de 63.7 hectáreas, y se declararon en “asamblea permanente” mientras se alcanza la ejecución de la que es apenas la segunda de más de 40 sentencias que se han emitido, o están en vías de emitirse, en el marco del gran juicio de restitución de esa propiedad de casi 10,500 hectáreas que forma parte del patrimonio histórico de los indígenas, según sus títulos virreinales que datan de 1718.
Entre las autoridades requeridas
El magistrado de Tepic fijó el próximo 20 de octubre como fecha de ejecución, pero requiere a autoridades para recibir seguridad
están la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) –responsable de la operación del programa Conflictos Sociales en Medio Rural, que se ha negado a aplicar en el conflicto entre los wixaritari y los ganaderos-, y la Comisión Nacional para el Desarrollo de Pueblos Indígenas (CDI), la Comisión de Diálogo de los Pueblos Indígenas.
En cuanto a Nayarit, son llamados el gobernador de esa entidad, Antonio Echavarría García, su secretario general de Gobierno, su fiscal general, el presidente municipal de La Yesca, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, entre otras.
Pero si bien se trata del ámbito territorial de Nayarit, se interpela al gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval Díaz, así como a su secretario de Gobierno y su fiscal, a la CEDHJ y las respectivas delegaciones de la PA y de la CDI, lo que implica el reconocimiento de un conflicto histórico nunca resuelto: los límites de las restituciones indígenas del antiguo cantón de Colotlán, ocupados por ganaderos mestizos.
Y si bien el magistrado Aldo Saúl Muñoz López reconoció el pasado viernes 22 de septiembre la dificultad que entraña la “violencia legal” de las fuerzas de seguridad para romper un bloqueo, se buscarían formas que minimicen el riesgo y permitan el acceso al predio, pues se trata de una sentencia firme que ya no puede ser combatida. La superficie debe ser reintegrada en su total al patrimonio de Wuaut+a.