Orden en la obra pública ¿al fin?

Vaya que se ha tomado su tiempo, pero todo avizora que los esfuerzos y empeño de organismos como la delegación Jalisco de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, podrían ver pronto culminado uno de sus propósitos fundamentales: cristalizar la nueva Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco. Sin embargo, ha sido necesario materialmente necesario “empujar” a que los diputados locales, encabezados en la comisión respectiva por Ramón Demetrio Guerrero -a quien gusta le llamen “Mochilas”-, hicieran su trabajo. Y aunque este legislador, aparentemente no muy versado en el tema y quien lleva el “récord” de faltas de asistencia en el Congreso, había prometido que el nuevo ordenamiento estaría listo al menos desde abril pasado, sin embargo el trabajo de consulta hay que reconocer ha sido arduo y la participación de otros organismos fundamental para que quizá ante el apremio de CMIC ahora se da mucha prisa a efecto de que lo aprobado en comisiones, pase con éxito al aval de la de Puntos Constitucionales y, finalmente, al pleno. Sin embargo, el verdadero trabajo fue hecho anteriormente. Lo que pasa es que siendo la industria de la construcción uno de los pilares más vigorosos de la economía estatal y que en el ramo la inversión en dicho campo (obra pública), representó el año pasado por sí sola como el 10 por ciento de la generación del empleo en la entidad, pues resulta manifiesta la importancia que tiene poner fin al desorden y, particularmente, a las desviaciones, moches. Tan es así que al gobierno de Aristóteles Sandoval no le quedó otra que ser muy drástico y efectuar un cambio en la titularidad de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP) hace poco más de un año. Así que, al relevar Netzahualcóyotl Ornelas Plascencia -de los más cercanos y de confianza del Ejecutivo-, a Roberto Dávalos, aseguró el nuevo Secretario que en adelante la dependencia sería una “bola de cristal”. Más recientemente, y a propósito ya de las consultas acerca de la proyectada nueva ley, dijo que “el tema de los moches en el momento en que yo me entere de uno, así sea denuncia pública o privada, en ese momento yo actúo, no tengo ni denuncia pública, ni privada sobre el tema y en eso tengo que ser categórico, no voy a especular en el tema”. Por estas declaraciones y acciones del gobernador es que se espera impere la congruencia, el apoyo total y sincero de la fracción del PRI para la aprobación de esta ley. Pero claro que una cosa es la postura política, “bien intencionada si se quiere” y otra es la que se puedan llevar a cabo acciones amparadas por la ley y, lo más importante, de manera efectiva. Los funcionarios suelen negarlo pero, después de tantas experiencias, cómo ocultar, cómo negar la rapiña derivada de los concursos simulados -puestos de acuerdo con los “participantes”-, de los “precios más bajos” para después hacer convenios adicionales, de los concursos de etapas iniciales que luego se “ajustan”, de la mala calidad de las obras que no se evalúan posteriormente, del arrendamiento de empresas -prestanombres- para seguir beneficiando a los mismos, de la carencias de proyectos que luego sirven de justificación de problemas generados en las obras y de la ausencia de los responsables. Y esto, naturalmente, no atañe exclusivamente a la obra estatal, sino que ha sido “proverbial” en las inversiones de todos los niveles de gobierno o denle una revisada a lo que sucede en la SCT en todo el país. Luis Méndez Jaled, presidente de la CMIC en Jalisco, ha sido sin duda junto con su agrupación el motor central de esta nueva Ley. Y los propósitos saltan a la vista. Lo que se busca es reducir los márgenes de corrupción (eliminarla por completo está en chino dada la forma en que “permea” a todo el aparato burocrático), regular para que incluso las adjudicaciones directas estén bien otorgadas y un testigo social que avale, la creación del “concurso simplificado sumario” (5 empresas mínimo en competencia) y que, en lo general, la citada ley favorezca más a la economía, al sector y dé -por favor-, condiciones preferentes para la industria local y sus empresas medianas y pequeñas. También habrá que estar atentos a otro gran problema. Ahora se está en el proceso de “alineamiento o armonización” de todas las leyes involucradas en el esquema de la nueva Ley Federal General de Asentamientos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, que data del 28 de noviembre pasado y que establece plazo de un año para que todas las normatividades estatales se conduzcan con apego a ella. Desde luego que esta homologación no es nada sencilla y está llevando a un trabajo demasiado acelerado en el que pudiera caerse en simples “parches” a los actuales ordenamientos, como lo que ha sucedido en el caso del Código Urbano. Y vaya que se trata de un asunto mayúsculo ya que se basará en ello un auténtico ordenamiento general que, en nuestro caso, debe pensar tanto en los problemas de la zona metropolitana como las ciudades medias y todas las poblaciones en el estado. Pero los tiempos son demasiado fatales para lograrlo y de la mejor manera. Ha habido negligencia, quizá demasiada lentitud en la Legislatura. Sin embargo aún hay tiempo, ojalá y todo resulte bien y en casos como la nueva Ley de Obra Pública, se imponga finalmente el orden y ¿al fin?, acabe la corrupción. Al menos eso soñamos.