Engañan con torre
Sufren cerca de 100 familias de Zapopan amago de desalojo por desarrollo hecho en terreno en litigio
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Actualmente, siguen a la venta y renta de espacios en estas torres departamentales
La Inmobiliaria Asysa fue señalada en el pasado por el Departamento del Tesoro de EU y la OFAC
Muchos vecinos tienen años habitando alguno de los más de cien departamentos que conforman el lujoso Condominio Vizcaya –actualmente su valor promedio por unidad de 180 m2 oscila alrededor de los 4.5 millones de pesos-, sin embargo, sufren por igual la amenaza de ser desalojados. La razón: donde se alzaron estas torres de vivienda era un predio que no estaba libre de gravamen... por lo que su venta fue un engaño en despoblado, se enteraron hace dos meses.
Ubicado sobre la avenida La Giralda, a unos metros de la glorieta de López Mateos y Mariano Otero, en una zona de muy alta plusvalía de Zapopan, el Condominio Vizcaya consta de cuatro torres de seis niveles, con 26 departamentos cada una y dos penthouse en el sexto piso). Fue una noche de agosto pasado, cuando acompañados por elementos de seguridad, de quienes no se identificó la corporación, los notificadores pudieron evadir al guardia privado y a la exigencia de aviso previo a los condóminos vía interfón, para entregar la notificación departamento por departamento, mientras quienes hacían de guaruras esperaron abajo.
“Eran cerca de las 10 de la noche, nos sorprendieron”, narran algunos de los vecinos afectados que sin más recibieron el mensaje. “Algunos firmaron la notificación. No todos… A otros los esperaron muy temprano, por la mañana, en los estacionamientos”, cuentan a MILENIO JALISCO. Piden guardar el anonimato por sigilo legal y, sobre todo, por temor a sufrir de otras tácticas intimidatorias.
La amenaza de desalojarlos viene sin plazo. Es inmediato. El monto del adeudo por gravámenes supera los cien millones de pesos. Vecinos señalan lo injusto de que sean apercibidos por tal cobro, muchos cuentan con escrituras y certificados de libertad de gravamen que datan de hace varios años… pero ahora mágicamente volvió a aparecer en el Registro Público, la propiedad gravada.
Hoy continúan a la venta (y renta) de espacios en estas torres departamentales (por particulares a través de inmobiliarias diversas); en tanto que 23 del total de unidades permanecen vacías. No obstante, las personas que han comprado el último año “no han podido escriturar, ni aun habiendo pagado su departamento de contado”, enfatizaron.
De acuerdo con los antecedentes que tienen en su poder los vecinos, el terreno en donde hoy se asienta el desarrollo vertical era propiedad de Jorge y Guadalupe Dipp. En 1994 una parte del predio mantenía gravámenes con Banco Unión, que desaparecen del registro público, al menos cuando la Inmobiliaria Asysa comienza la venta de departamentos. Los vecinos tienen los certificados de libertad de gravamen en su poder, con los cuales pudieron escriturar y tener acceso a créditos bancarios.
El asunto se enrarece si se toma en cuenta que Inmobiliaria Asysa fue señalada en el pasado por el Departamento del Tesoro estadunidense y su Oficina de Control de Bienes de Extranjeros (OFAC) presuntamente por su liga a un poderoso cártel de las drogas y lavado de dinero. Aunado a eso, se hizo público que del año 2012 al año 2015 esta empresa fue beneficiada por el gobierno municipal de Zapopan con 65 descuentos en los pagos por accesorios de predial que suman 248 mil 941 pesos (Índigo, septiembre 21 de 2015).
Inmobiliaria Asysa se disolvió después –aunque los vecinos señalan que impuso la administración del Condominio Vizcaya, que sigue al frente, pero ésta se lavó las manos del entuerto legal en el que están metidos todos los departamentos- y es hasta este año que aparece el reclamo y la notificación de desalojo, en representación de una empresa denominada Ransen.
“¿Cómo explicarse que pasó tanto tiempo y hasta ahora aparecen los gravámenes?”, la pregunta la hacen ellos mismos y la dejan al aire.
En tanto los afectados definen la estrategia jurídica, algunos vecinos piden a las autoridades del Ayuntamiento de Zapopan y de Jalisco, garantías a su seguridad e integridad personal y la de sus familias, así como de su patrimonio. Frente a ellos sostienen su principal defensa: “Somos compradores de buena fe”.