Ofrece Zapopan investigar fraude en las torres Vizcaya
Revisarán legalidad del desarrollo
El alcalde dice que asesorarán a los afectados
El ayuntamiento de Zapopan, informó que realiza una investigación al expediente de construcción que se integró previo a que se otorgara el permiso de edificación del condominio Vizcaya, donde alrededor de cien familias están en riesgo de desalojo.
El alcalde del municipio, Pablo Lemus Navarro señaló que “la aprobación del desarrollo se efectuó hace aproximadamente seis años, vamos a verificar si todas las libertades de gravamen se entregaron en su momento, si existió alguna anomalía habrá que sancionarse”. El munícipe dijo que no dudará en presentar las denuncias correspondientes contra quien resulte responsable por autorizar la edificación de los departamentos de lujo.
Por otro lado, Lemus Navarro, pide a los afectados que se acerquen al ayuntamiento para que sean asesorados: “lo que sí dejo muy claro también, es que nosotros vamos a prestar todo el respaldo a las personas afectadas, por supuesto que habrá una investigación, por supuesto que nosotros vamos a reforzar internamente todos los mecanismos para que una situación de este tipo no pueda volver a presentarse en Zapopan, tercero, hacer una investigación para ver que fue realmente lo que sucedió”, señaló el munícipe.
MILENIO JALISCO publicó el jueves el problema legal que afecta a un grupo de vecinos del lujoso condominio Vizcaya, los cuales fueron notificados de una orden de desalojo porque el predio donde se asientan los departamentos no está libre de gravamen.
Este no es el único problema que afecta a los vecinos, la inmobiliaria Asysa, constructora que realizó el desarrollo vertical fue señalada por el departamento del Tesoro estadounidense y su Oficina de Control de Bienes Extranjeros, como un negocio vinculado al crimen organizado.
Las autoridades zapopanas también sospechan de la corruptela del notario público que escrituró los departamentos, pues resulta inexplicable cómo un fedatario otorgó a los inquilinos cartas de no gravamen cuando el predio sí estaba hipotecado.
Este medio cuestionó a la Secretaría General de Gobierno mediante una solicitud de transparencia para conocer la cantidad de notarios sancionados por cometer irregulares en el ejercicio de sus funciones. Hasta 19 de junio del 2017, cinco fedatarios habían sido amonestados, suspendidos y les fue revocado su nombramiento.
Los notarios sancionados son: el notario público 100, 50, 64, 143 y 3 de Guadalajara y 8 de Tonalá.