VÍA LIBRE MASCOTAPUERTO VALLARTA
Gobierno no indemnizó propiedades de carretera, señalan ejidatarios
Si se actualizara el avalúo, el Estado debería pagar cerca de 40 millones de pesos
Además de los problemas de la calidad de la construcción de la carretera Mascota-Las Palmas, que han ocasionado gastos extra en mantenimiento y reconstrucción por 243 millones de pesos en diez años, la obra arrastra un expediente de rezago en el pago de indemnizaciones que tan solo en el caso del ejido La Estancia de Landeros significa una deuda estatal cercana a 27 millones de pesos.
El apoderado legal de los ejidatarios, Manuel Amador Vega Almaral, dijo a MILENIO JALISCO que la exigencia se hizo por la vía judicial ante el nulo pago por el paso de la carretera sobre parcelas ejidales; dos campesinos lograron sentencia favorable, y se les pagó arriba de cinco millones de pesos; mientras trece más sostienen seis querellas en el Tribunal Unitario Agrario número 13, con el mismo enfoque jurídico y objetivo. Sin embargo, esos juicios no han sido concluidos.
“Son muchos años de demandar un pago, abrimos una mesa de trabajo en la Dirección de Asuntos Agrarios del gobierno del estado, a partir del año 2015; la idea es conciliar el proceso y que se hagan los pagos, pero todo el tiempo nos responden que no hay recursos […] hemos vistos que le van a meter casi 90 millones de pesos a la carretera, y pues no se nos hace justo que sigan sin resolver este asunto, ya es un problema social que queremos presionar para que se le dé solución, y convencimos a los compañeros de que no tomaran la carretera, pero están cansados de no recibir una respuesta”, señaló el representante.
La negociación es una alternativa a las sentencias que, considera Vega Almaral, condenarán al gobierno, pues se trata de derechos ejidales que no prescriben y existe jurisprudencia que determina el enfoque que deben tener las resoluciones.
En un escrito entregado en la dirección de Asuntos Agrarios, el apoderado legal señala: “acudo ante usted mediante el presente escrito con la finalidad de reactivar nuestra negociación iniciada en el mes de septiembre de 2015, en la que propuso someter a su consideración una alternativa a la ejecución de las sentencias que en los juicios agrarios, mis representados tienen instaurados en contra del gobierno del estado y en búsqueda de llegar a un acuerdo […] esta alternativa pudiera significar un ahorro al erario público [sic], al negociar un pago que ponga fin a los conflictos agrarios que mis representados tienen entablados…”.
Para el efecto, los campesinos están dispuestos a aceptar que se aplique el avalúo realizado en 2007, que es el que asciende en conjunto a casi 27 millones de pesos. Los precios actualizados podrían rondar 40 millones.
El precio propuesto es de 250 pesos por metro cuadrado. Los ejidatarios demandantes son Ramón Nava Robles, José Peña Gudiño, Lino Peña González, Jesús Contreras Ruiz, Luis Isas Aguirre, Teodomira Robles Dueñas, Sebastiana Aguayo Camacho, Lino Peña González, Heliodoro Arredondo Zúñiga, Rosa Ruiz Mora, Cirilo Pérez Lepe y María Guadalupe Robles Valdez. El adeudo global a ese precio es de 26 millones 716,617 pesos. La superficie global es de 10.6 hectáreas
En contraste, ya se le pagó a Laureano Ramos Peña, por 9,994.90 m2, un total de 2 millones 498,725 pesos; y a Antonio Sandoval Ysas, con una superficie afectada de 11,326.88 m2, la cantidad de 2 millones 831,720 pesos.